La Policía ha entrado este jueves a la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias con el objetivo, según ha informado Europa Press, de buscar información relacionada al 'caso Mascarillas'. Tanto los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid llegaron alrededor de las 08:25 horas a dicha sede.
Cabe recordar que Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS), está investigado como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. De hecho el pasado 6 de mayo, y tras ser citado por la Fiscalía Europea en relación a este caso, se acogió a no declarar. Ni Domínguez ni sus abogados quisieron hacer ningún tipo de comentario al respecto en ese momento.
El pasado domingo, Canarias 7 hacía referencia a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional el cual apuntaba "que el contrato suscrito en 2020 de 4 millones de euros en favor de la empresa RR7 United por la entrega de un millón de mascarillas que nunca llegaron al SCS se incluyó la cantidad de 100.000 euros para repartir como comisión entre Domínguez y otros comisionistas". Junto a Domínguez también se investiga a la entonces directora de Recursos Económicos del SCS Ana María Pérez.
Los hechos
Como ya recogía este medio sobre ese informe, a la empresa RR7 "sin experiencia anterior en la importación de material sanitario --se dedicaba al comercio de coches--, se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros".
Sanidad, por su parte, "nunca recibió ese material porque RR7 trató de importar una partida de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y fueron destruidas por Aduanas". Por ello, y a pesar del incidente, el SCS no resolvió su contrato "sino que Conrado Domínguez autorizó a que se le diera la oportunidad suministrar otra partida, que nunca llegó".
Así, el administrador de RR7, Rayco González, está acusado de estafa agravada y Conrado Domínguez "fue imputado en cargos de prevaricación y tráfico de influencias". Además de Domínguez "el informe de la UDEF concluye que hubo otros cuatro comisionistas en el 'caso Mascarillas', los intermediarios Lucas Cruz, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Samuel Machín y Oswaldo Lastras".