El Gobierno de Canarias ultima la expropiación forzosa de una parcela de más de 7.000 metros cuadrados en Agaete para la instalación de una planta fotovoltaica promovida por la empresa Rupwind con una potencia de 1,3 MW y 3.900 paneles solares. El levantamiento de actas previas a la ocupación tendrá lugar el próximo 14 de diciembre, según el anuncio publicado esta semana en el Boletín Oficial de Canarias.
Detrás del proyecto está la empresa Zero Beta Investments, sociedad propietaria de Zero Beta Investments Desarrollo y Gestion de Activos SL, que a su vez es la propietaria de Rupwind. Uno de los administradores de las tres sociedades es Raúl Serna, que en LinkedIn se presenta como director de la compañía. Antes había trabajado en Canadian Solar y Jinko power.
En septiembre de 2020 se inscribieron en el Registro Mercantil de Las Palmas 17 sociedades participadas al 100% por Zero Beta Investments Desarrollo y Gestion de Activos SL y en las que Serna y un socio son administradores mancomunados. El objeto social de todas es "la gestión de instalaciones eléctricas operativas, reporting financiero, legal y técnico así como el monitoreo de la producción diaria de parques generadores o acumuladores de energía".
Declarado estratégico en 2017
El proyecto de esta planta fotovoltaica en Agaete vien de lejos. En 2017 fue declarado una inversión estratégica por el Gobierno de Canarias. Entonces la propuesta contemplaba una potencia de 0,876 MW, una inversión 814.205 euros y 22 puestos de trabajo generados. Rupwind, creada en 2016, tenía su sede social en Santa Cruz de Tenerife y sus administradores eran otros. No fue hasta julio de este año cuando Zero Beta Investments se hizo con el control.
En julio de 2020, la Dirección General de Energía, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, concedió autorización administrativa al proyecto. En noviembre de 2021, el mismo organismo sometió a información pública la solicitud de declaración utilidad pública de la instalación, paso necesario para la expropiación de los terrenos. "La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa", explicaba el anuncio de la Dirección General de Energía.
Oposición de los dueños del terreno
En ese fase de exposición pública se presentaron alegaciiones. Lo hicieron la Asociación Cultural Ecologista Turcón y dos particulares que pidieron la anulación del proceso porque parte del proyecto afectaba a su propiedad. La promotora se defendió diciendo que en el momento en el que identificó a los propietarios de los terrenos, ellos no figuraban en el registro. Si lo hacían los herederos de la familia Castillo-Olivares, y dos de ellos también presentaron alegaciones.
Salvador Castillo-Olivares Marrero alegó que había llegado a un acuerdo ceder los terrenos a Rupwind. La empresa lo reconoció, pero respondió que al no contar el alegante con el visto bueno de todos los herederos el contrato era nulo. Eso fue lo que le llevó a solicitar la declaración de utilidad pública. Otro miembro de la familia Castillo-Olivares pidió también la anulación del proceso para promover él mismo una planta fotovoltaica.
Las alegaciones no fueron aceptadas y la Dirección General de Energía otorgó la declaración de utilidad pública. "De la documentación obrante en el expediente, no se puede deducir intereses particulares que hayan de anteponer al interés social que persiguen las energías renovables que es la mejora ambiental de sistema energético de Canarias", dice la resolución fechada el pasado 11 de abril. En octubre, Rupwind solicitó la tramitación del procedimiento expropiatorio que finalizará en un par de semanas.