El pasado domingo, 26 de noviembre, el Gobierno de Canarias cerró el proceso de consulta pública abierto para articular un proyecto de ley que tendrá como objeto regular el alquiler vacacional en las Islas. A la espera del primer borrador de la norma, que se publicará entre enero y febrero de 2024, el Ejecutivo autonómico suma apoyos por este iniciativa entre los empresarios del Archipiélago. Este martes, la comisión ejecutiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) se posicionó a favor de reglamentar esta actividad económica con un texto que ahora deberá ser aprobado en el pleno de la propia institución.
El asunto lleva tiempo dando vueltas en el seno de la patronal, con un debate abierto sobre la incidencia de este negocio en Canarias —que ya representa el 33 % de la oferta alojativa de las Islas—. La semana pasada se trató sobre el alquiler vacacional en la comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y este martes se llevó su regulación a las comisiones ejecutivas de la propia organización insular y de la CCE. En ambos casos, hubo unanimidad al respaldar el proyecto del Gobierno autonómico para encontrar el equilibrio entre el residente y el turista.
Guanarteme, Lanzarote o Fuerteventura
"La ley del Gobierno canario no prohibirá el alquiler vacacional", recalca un miembro de las dos comisiones ejecutivas de la patronal y la Cámara grancanaria, "pero sí hace falta", añade "reglar la actividad, porque en barrios como Guanarteme, o en algunas islas no capitalinas, como Lanzarote o Fuerteventura, es un problema encontrar una vivienda para uso residencial. Eso nos resta competitividad como destino de trabajo. Y tampoco es lógico que el sector hotelero pague ciertos impuestos y el de la vivienda vacacional, que a veces forma parte de red de una empresa que tributa fuera, no".
La patronal también ha solicitado un informe al Gobierno autonómico que detalle el número de empleos directos que genera el alquiler vacacional en Canarias. "Entendemos", añade esta fuente, "que es un negocio que ha venido para quedarse porque, en parte, la forma de viajar de mucha gente ha cambiado, pero si va a formar parte de la principal industria de Canarias creemos que se debe regular para su mejor funcionamiento. Y el texto que apoyamos va en esa línea".
En Canarias se inscriben 500 viviendas vacacionales al mes y ya hay más de 47.000 inmuebles y 197.000 camas registrados para el desarrollo de esta actividad en el Archipiélago. A pesar de estas cifras, el alquiler vacacional en el Archipiélago sigue regulado por un reglamento que tiene más de ocho años de vigencia (Decreto 113/2015) con un contenido muy limitado que, desde entonces, además se ha visto reducido por varias sentencias —una del Tribunal Supremo, que ha llegado a dictar que "Canarias no defendió su modelo turístico", eliminó parte del texto—.
Paraguas para 88 municipios
Desde el Ejecutivo autonómico se recalca que la ley no prohibirá la actividad de la vivienda vacacional y que su encomienda es reequilibrar los intereses en juego sin afectar a nadie en particular, para dotar a los 88 ayuntamientos de las Islas de un paraguas para regular la actividad —el planeamiento municipal decidirá la aplicación de la norma, como limitar las camas de vivienda vacacional por barrios o distritos—.
Frente a una ley que de momento está en fase larvaria, los propietarios de viviendas vacacionales en Canarias ofrecen datos para argumentar que el problema del acceso a la vivienda no se le puede imputar al alquiler turístico. Así, recuerdan que en las Islas hay 211.331 casa vacías —según el Instituto Nacional de Estadística (INE)—, que en los últimos 15 no se ha construido ni una sola vivienda social en las Islas, que su negocio genera 42.000 puestos de trabajo directos, más de 2.000 millones de euros de impacto económico —140 en IGIC— y que pagan impuestos sin el 60 % de deducción fiscal.