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Economía

La patronal de la construcción asegura que la política de vivienda está avocada al fracaso

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, asegura que la política de vivienda fracasará "si no se implementan soluciones rápidas para agilizar una burocracia"

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Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO. / FEPECO

El presidente de la patronal de la construcción Fepeco, Óscar Izquierdo, ha advertido este lunes de que la política de vivienda del Gobierno de Canarias está abocada al fracaso, "si no se implementan soluciones rápidas para agilizar una burocracia que impide la obtención de licencias en tiempo y forma y una eficaz gestión de suelo".

Izquierdo, en un comunicado, ha criticado que no se construyen las viviendas necesarias porque no se diligencian las licencias de obras mayores en el tiempo establecido normativamente, incumpliendo los plazos, sin que nadie asuma responsabilidades políticas, profesionales o personales.

Tres meses de espera

Según Fepeco, el plazo para resolver y notificar la solicitud de licencias urbanísticas es de tres meses contados desde la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros municipales y en la mayoría de los casos se están superando de manera escandalosa, estando actualmente en Canarias, en una media de más de un año de tardanza.

Oscar Izquierdo ha avisado de que "la realidad es tozuda" y que "por mucha legislación buena y oportuna que se apruebe o ruedas de prensa anunciando planes ambiciosos para hacer frente a la falta de vivienda en Canarias, tanto privada, social, de protección oficial y sobre todo, en alquiler asequible, a día de hoy es imposible, porque se encuentra delante con un muro infranqueable, que es una administración pública incapaz".

Demora

La falta de agilidad en los trámites de licencias está asfixiando a las empresas, llevándolas a un punto de no retorno, haciendo difícil una política social digna cómo es la creación de empleo y poniendo en peligro inversiones que crearían mucha riqueza social, ha señalado.

Para Fepeco, hay demoras y atascos en algunos ayuntamientos que superan los tres años de espera, lo que supone "un incumplimiento flagrante y vergonzoso de la ley", debido a problemas estructurales como el planeamiento vigente, que en la mayoría de los municipios no está actualizado o adaptado a la ley del suelo.

La escasez o nula presencia de personal especializado en las oficinas técnicas municipales o gerencias de urbanismo, la tardanza de los informes sectoriales, que llegan a pasar de doce meses, además de una imprescindible simplificación de las sedes electrónicas, son otros de los problemas a los que ha hecho referencia.

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