El Gobierno de Canarias tendrá que reservar una parte de los contratos licitados a entidades dedicadas a la economía social. Según la nueva Ley de Economía Social, aprobada este miércoles por el pleno del Parlamento de Canarias, al menos el 0,5% de lo licitado deberá estar reservado a entidades que persiguen el interés colectivo de las personas que las integran, el interés general económico o social, o ambos.
La Ley se ha aprobado con el consenso de todos los partidos políticos. Según el documento la economía social representa "otra forma de entender la economía y la empresa, otra forma de producir, de emprender, de gestionar y de consumir" que sitúa "la eficacia económica al servicio del objetivo social".
Dentro de la economía social se encuentran las sociedades cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y asociaciones con actividad económica, las sociedades laborales y participadas, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y otras entidades singulares.
Nuevas entidades
La ley define los principios y valores de la economía social y obliga al Gobierno de Canarias a impulsar y promover la creación de entidades de integración del sector, además de fomentar instrumentos financieros específicos que contribuyan al lanzamiento de nuevas actividades y mantenimiento ya existentes.
En la nueva normativa se crea la Comisión de la Economía Social de Canarias como órgano consultivo y asesor para las actividades relacionadas con la economía social. Además, el Gobierno elaborará una Estrategia canaria de Economía Social y creará un distintivo que sirva como fomento de la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad.