El Parlamento de Canarias aprobó hace un mes la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2020, que tuvo un informe favorable por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias, pero donde una serie de irregularidades han llevado a la Cámara a hacer un llamamiento al Gobierno de Canarias. Entre los aspectos que han demandado subsanar están la baja ejecución presupuestaria en determinadas áreas, la contabilización de las cuentas del Servicio Canario de Empleo o el déficit en inversiones.
Uno de los puntos sobre los que hace especial hincapié la Resolución del Pleno del Parlamento publicada este miércoles sobre el Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias es la baja ejecución presupuestaria en determinadas áreas del Gobierno de Canarias. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud es la que cuenta con una menor ejecución, en concreto del 30,9% del total presupuestado.
Siguen a esta área la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo con el 53,1% ejecutado; la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, con el 56,2% efectuado; la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, con el 58%; la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, con un 64%; y, por último, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el 68,4% del presupuesto ejecutado.
Un presupuesto sin ejecutar
Frente a la ejecución del 65,1% del total presupuestado en 2020 la Cámara ha llamado al Gobierno a realizar “un informe interno de fiscalización operativa para la gestión de proyectos de inversión” que analice dónde se encuentran los problemas en la gestión de las inversiones “y proponga medidas para mejorar los sistemas de planificación”, trabajos previos, proyectos, contratación y ejecución de las inversiones. También avisa el Parlamento que se debe “corregir la baja ejecución presupuestaria en inversiones reales”.
Más allá de las áreas concretas donde no se ha ejecutado un alto porcentaje del presupuesto, el Parlamento también encuentra deficiencias en las actuaciones por islas. Tal y como indica el documento, la Cámara ha apremiado al Gobierno canario a actuar para “corregir los datos sobre ejecución de los gastos de capital territorializado en Lanzarote, Fuerteventura y en el exterior” dado que consideran que “siguen siendo bajos en comparación con el resto de los territorios analizados”.
Deficiencias en las cuentas
Sobre organismos específicos de la comunidad para los que el Parlamento ha encontrado especiales deficiencias en el presupuesto destacan el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi). Por ello, instan a las consejerías correspondientes a realizar “un especial control periódico y exhaustivo sobre el grado de ejecución y cumplimiento de los presupuestos asignados cada año”. A respecto del SCE también se ha pedido la corrección ante la “no contabilización en las cuentas anuales (...) como acreedores por operaciones no devengadas”. Según las cuentas, faltaría por gastar 4,1 millones de euros por remanente no comprometido al cierre de transferencias destinadas a Políticas Activas de Empleo.
Asimismo, el Parlamento de Canarias exige al Gobierno a poner en marcha procedimientos de mejora en la gestión para reducir las nulidades de contratos, que se concretan especialmente en los contratos de suministros (80,7%), y donde el Servicio Canario de Salud lidera con 94.944 expedientes tramitados que alcanzan los 741,44 millones de euros.
Subvenciones que no llegan
Los expedientes de reintegro de las subvenciones pendientes de justificar también han llamado la atención al Parlamento sobre el informe de Cuentas de la comunidad, para los que pide agilidad, “dado el importante volumen de los pendientes, donde se refleja un saldo pendiente de 545,8 millones, de los que solo 30 millones tenían resolución de reintegro”.
Sobre el importe de las subvenciones pendientes de justificar el Parlamento pide por parte de los órganos gestores un plan de acción “con el objetivo de clarificar la realidad de todos los expedientes que conforman el saldo en cada uno de los sistemas informáticos que los soportan para incorporar su verdadero impacto en la cuenta de rentas pública”. Pone especial atención al Icavi, el SCE, el SCS y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para que “continúen con la depuración de los saldos significativos de derechos pendientes de cobro con origen en registros realizados en 2014 y ejercicios anteriores”.
Contrataciones sobre lo presupuestado
En relación a la contratación de personal, también se ha exigido adoptar los procedimientos para que en futuros ejercicios “no se den incrementos de personal sin que conste autorización del Gobierno o la excepcionalidad que esté prevista en la Ley de Presupuestos en vigor”. Según las cuentas, en 2020 la Fundación Canaria de Juventud Ideo, Acción Social y la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias “incrementaron los gastos de personal por encima de lo presupuestado en 2,5 millones, sin que conste autorización del Gobierno” y apunta especialmente que Ideo fue “la más incumplidora”.
Otra de las principales cuestiones a las que insta al Gobierno de Canarias el Parlamento es a dar rapidez a las gestiones por subsanaciones pendientes. Según la Intervención General, el 85,2% de las actuaciones han quedado pendientes de subsanar, solo corrigiendo 51 de las 345 actuaciones en trámite. Según el Parlamento, “la inactividad pudiera estar dando lugar a la prescripción de acciones en el caso de fondos indebidamente abonados o a la realización de pagos improcedentes” y llama a “impulsar las resoluciones de las incidencias detectadas”.