Este martes, el Parlamento de Canarias aprobó el nuevo Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa actualmente el Archipiélago. Todo ello con el fin de agilizar el acceso a viviendas públicas o de protección oficial de alquiler asequible, enfocándose en lo ya empezado que por empezar.
En este sentido, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asegurado a Atlántico Hoy que Canarias ya tiene mucho suelo disponible de uso residencial, tanto a través del Instituto Canario de la Vivienda como a través de Visocan.
Diagnóstico claro
“Lo que hemos dicho con claridad es que no es suficiente. Necesitamos la implicación del sector privado, y el Decreto Ley, entre otras cuestiones, agiliza el proceso para la construcción de vivienda pública, pero sobre todo incentiva al sector privado a construir vivienda protegida”, desarrolla.
Rodríguez comparte que el diagnóstico en el que todos coinciden es que hay un problema de oferta y demanda, “donde la oferta está muy tensionada y la demanda se ha ido incrementando, provocando un incremento de los precios, tanto en el alquiler como en la compraventa”.
Por ello, el consejero señala que lo que quieren hacer con el Decreto Ley “es incrementar la oferta de vivienda pública, que llevaba años sin construirse”. De esta manera, confirma que este este año va a haber “más de mil viviendas públicas construyéndose en Canarias, de vivienda protegida, que es la famosa VPO que construía el empresario privado y, por otro lado, la vivienda libre”.
El suelo
Asimsimo, resalta que esa es la prioridad de lo que plantea el Decreto Ley, intentándolo, además, con un principio, “yo creo que fundamental, y más en un territorio frágil como el nuestro”, que es no consumir más suelo.
“Se hace utilizando el suelo que está ya antropizado. Es decir, que está utilizado por la mano del hombre. Por otro lado, el que está planificado, urbanizado o urbanizable y luego, por otro lado, la reconversión de edificios y locales que están cerrados desde hace más de un año, e incluso diez, que se pueden convertir y transformar en vivienda” expone. “No queremos que la gente viva en un local ni en una oficina. Todo lo contrario. Lo que queremos es dignificar la vida de la gente. Lo que queremos es que los locales y los edificios que no tienen uso se transformen en vivienda cumpliendo el código de habitabilidad y dándole dignidad a las familias”, agrega Pablo Rodríguez.
Viviendas a construir
Con respecto a la comparación de cifras pasadas, actuales y proyectadas de viviendas construidas, Rodríguez explica que los datos de los últimos años giraban “en torno a 1.500 viviendas en general, mayoritariamente privadas. Incluso llegar a 3.000 era el mejor dato el último ciclo”. En este contexto, apunta que lo que se va a construir este año “son más de mil viviendas públicas”.
Antes de la crisis de 2008 los datos alcanzaban los dos dígitos de millares: 20.000, 25.000 viviendas anuales. “Somos conscientes de que ya no podemos llegar a ese número, entre otras cuestiones, porque nuestro suelo está limitado, porque somos islas, somos un territorio frágil y porque, además, ese no debe ser el modelo” esgrime.
Reformar más que construir
“Lo que queremos no es un tema de cuántas vamos a construir, sino cuántas se van a poner a disposición de la demanda. Por eso hablo de edificios inacabados, que a lo mejor no hay que construir un edificio, hay que acabarlo; o un local o un edificio de oficinas que se transforma”, desarrolla el consejero.
Además, añade que esa es la vía para “evitar problemas futuros”, porque todos los edificios que se acogen al Decreto Ley prohíbe expresamente el uso de vacacional. “No tenemos un dato de cuánto vamos a construir. Los constructores han hablado de 8.000 viviendas en cuatro años. No sabemos el dato exacto, pero lo que sí sabemos es que vamos a evaluar semestral y anualmente los efectos del Decreto Ley porque, además, creemos que es un indicador más positivo, que es cuánto podemos frenar la subida de precios del alquiler y de la venta”, concluye Rodríguez.