En el último año, la oferta de viviendas de alquiler en Canarias se ha reducido a la mitad. A nivel nacional se reducen un 26,8% con respecto al año pasado, situándose en torno a las 67.200 viviendas. Teniendo en cuenta que la cifra fue de 134.000 en 2020, se trataría de un desplome del 50% en dos años. El archipiélago y la Comunidad de Madrid son los dos territorios más afectados por este hundimiento según el informe sobre el ‘Mercado de alquiler residencial en España 2022’, elaborado por la plataforma de investigación y análisis del mercado Servihabitat Trends, que señala que la oferta de viviendas en alquiler se redujo un 50% en dos años y el precio creció por encima del 6%.
La retracción de la compraventa motivada por la inflación y el encarecimiento de las hipotecas dibuja un mercado del alquiler marcado por el aumento de la demanda y una oferta cada vez más escasa y presionada por el intervencionismo. El director general de Negocio de Gestión Patrimonial de Servihabitat, Juan Carlos Álvarez, admitió que “ahora que estamos en la zona baja del ciclo económico, el desplazamiento hacia este modelo habitacional se incrementa e impone desafíos que deben enfrentarse desde un conocimiento sólido y profesional y desde la seguridad jurídica”.
Parque de vivienda de alquiler social
En este sentido, Álvarez añadió que “se lleva insistiendo mucho tiempo en que, sin un parque de vivienda de alquiler social y asequible, los parches coyunturales únicamente tienden a profundizar los desequilibrios”, insistiendo en que la colaboración público-privada es la única salida “para que acceder a una vivienda en alquiler sea una opción flexible que conforte a todo el rango de niveles socioeconómicos”.
Muchos propietarios abandonan porque no están de acuerdo con una normativa que les penaliza. Aquellos con necesidad de liquidez han decidido poner su activo a la venta, pero también los hay que han preferido dejarlo vacío para no exponerse a potenciales impagos.
Asimismo, el incremento del parque existente que depende de la inversión institucional avanza de forma muy lenta. En esta línea, el tiempo que se tarda en alquilar una vivienda ha descendido moderadamente por la reducción de la oferta y por la creciente movilización de la demanda que ha decidido posponer la compra. Actualmente, una vivienda tarda un promedio de 53 días en alquilarse.
Precio medio
El precio medio de una vivienda en alquiler de una vivienda de 80-90 metros cuadrados pasa de los 826 euros mensuales de media en 2021 a los 877 en 2022, creciendo un 6,2% y recuperando parte del terreno perdido. No obstante, todavía no alcanza la renta registrada en 2020, fijada en 884 euros mensuales. Las familias incapaces de reunir unas condiciones de solvencia satisfactorias para obtener financiación hipotecaria se ven abocadas a recurrir al arrendamiento, lo que, unido al recorte de la oferta disponible, eleva las mensualidades.
Las dificultades económicas volverán a espolear este mercado en 2023. Aquellos que tenían pensado convertirse en propietarios adoptarán una postura de cautela y espera, dilatando su estancia en viviendas de alquiler. Además, la demanda hacia esta fórmula de tenencia se ampliará en los casos en los que se haya agotado el ahorro acumulado y la situación laboral esté comprometida. La edad media del inquilino en España ha pasado de los 33,4 a los 32,6, lo que constata que durante este periodo ha habido mayores oportunidades para acceder a una vivienda de propiedad por parte de un perfil más joven.
Sin embargo, resulta significativa la cronificación de la problemática que acarrean los menores de 35 años y que impide que alcancen el cénit de su plan de vida inmobiliario con la adquisición de su primera vivienda.
Viviendas sociales
A finales de 2021 España contaba con 1,4 millones de viviendas sociales frente a un total de 25,9 unidades que configuran el parque residencial español. Por otro lado, las viviendas terminadas que obtuvieron la calificación provisional de protegidas el año pasado supusieron el 13,5% del total, pero solo el 10,2% obtuvieron la calificación definitiva.
Este limitado ‘stock’ tiene que ver no tanto con la rigidez de las condiciones que se deben reunir para acceder a una de ellas, pues los registros de demandantes de vivienda protegida cuentan con largas listas de espera, sino con la falta de una respuesta estructurada y uniforme para sumar volumen a esta tipología.