El último otoño, cada vez que José Antonio Newport Machín se dejaba caer por algún sarao empresarial, era insóito no dar con alguien que lo considerara el hombre del momento. La valoración, entonces, no parecía exagerada. Acumulaba méritos para tal observación esos días: relumbraba como el promotor de Dreamland Studios en Gran Canaria —después de que el Cabildo catalogara de interés general el proyecto apenas cuatro días antes de las elecciones insulares—, aparecía como el abanderado para recuperar la línea marítima con Tarfaya (Marruecos), proyectaba en el Puerto de La Luz y Las Palmas un recinto de servicios para atender a tripulaciones y se asomaba en el negocio de la televisión tras hacerse con la mayoría de las acciones de Etiazul —productora del programa Conecta Canarias, que se emite por las tardes en la autonómica, y empresa editora del digital Tiempo de Canarias—.
En paralelo a su actividad empresarial, levantada en torno a su primer apellido, Newport Machín ha ascendido posiciones a lo largo de los últimos meses en la escena de la patronal del Archipiélago. De repente ha empezado a figurar como vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios —vía Fuerteventura— y como miembro de las directivas de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo aparentaba funcionar con la precisión del mejor reloj suizo. Al menos así parecía. Justo hasta este lunes, cuando este diario adelantó que el empresario debía comparecer el 28 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 4 de Puerto del Rosario en calidad de investigado por una querella presentada por dos antiguos socios en la empresa Dreamland Studios Sl que le imputa tres presuntos delitos: administración desleal, apropiación indebida y delito societario.
¿Cuáles son las áreas de negocio de Newport?
Esa demanda, encadenada a las dudas que gravitan alrededor de Dreamland —condicionado por la querella, permisos administrativos y la inyección de crédito por parte de entidades bancarias—, la línea marítima con Tarfaya —en el limbo después de que un informe de Salud Animal desaconsejara al Gobierno de Canarias recuperar el servicio— o el recinto de servicios en el Puerto de La Luz para tripulaciones —debía estar operativo en enero de 2024 y no se ha movido una piedra en el lugar donde se iba a levantar—, lleva a otras preguntas: ¿cuál es el músculo financiero de las sociedades del Grupo Newport? y ¿de dónde proceden la mayor parte de los ingresos de la corporación?
La web del Grupo Newport presenta la compañía como un conglomerado de diferentes firmas que abarcan varias áreas: inmobiliaria, innovación y sostenibiliad, audiovisual, comunicación publicitaria, consultoría, sanidad y formación. Es en esa última pestaña, la vinculada a la enseñanza, donde la corporación ha hecho negocio: sólo en los últimos siete años, a partir de la actividad de cuatro empresas vinculadas bajo el paraguas de Nformar —este periódico ha tenido acceso a las cuentas de Hotel Escuela El Mirador SL, Formación Profesional para el Empleo Europea SL, Fuerteventura 2000 SL y Escuela Superior de Enseñanza de Fuerteventura SL, pero el grupo cuenta con más firmas en este sector—, ha ingresado 10 millones de euros en subvenciones concedidas por administraciones públicas para desarrollar cursos a trabajadores y desempleados de las Islas.
Diferentes administraciones
La mayoría de esas ayudas fueron asignadas, entre 2017 y 2023, por el Servicio Canario de Empleo, aunque también figuran subsidios aprobados por el Cabildo de Fuerteventura, la empresa estatal RED.ES y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias —para hacer frente a los efectos del COVID19 en las empresas del Archipiélago—.
Durante 2023, Hotel Escuela El Mirador SL —firma en la que José Antonio Newport figura como administrador único— ingresó 745.215 en dos subvenciones —una de 582.129 euros y otra de 163.086— que el Servicio Canario de Empleo aprobó el 31 de enero. La cantidad en ayudas el año pasado fue mayor para Formación Profesional para el Empleo Europea SL —su hija, Yasmina Newport, ejerce como administradora solidaria en esta compañía—. Esa firma ingresó tres subvenciones del Servicio Canario de Empleo por valor de 1,7 millones de euros —repartidas en tres bloques de 1.195.616, 471.293 y 121.236 euros—.
Mas firmas
Arístides Romero Pi, que figura como auditor de las dos anteriores sociedades, también desempeña la misma función en otras dos entidades bajo el radar Newport: Fuerteventura 2000 SL y Escuela Superior de Enseñanza de Fuerteventura SL. La primera, entre 2023 y 2022, facturó 3,9 millones en subvenciones del Servicio Canario de Empleo para cursos de formación, además de recibir 1.236.792 euros de la Consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico para contrarrestar los estragos del COVID19. La segunda, de 2023 a 2017, facturó 2,2 millones de subsidios públicos —4.000 euros llegaron vía del Cabildo de Fuerteventura, 12.000 euros a través de red.es y el resto fue abonado por el Servicio Canario de Empleo—.
A falta de saber qué pasa con Dreamland y demás proyectos ambiciosos, lo que sí parece indiscutible es que Newport es el rey de los cursos de formación en Canarias.