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Economía

El negocio de Newport: factura 360.000 euros con una empresa que cobra dos millones en subvenciones

Escuela de Hostelería Europea ingresó en 2022 diferentes ayudas, la mayoría del Gobierno de Canarias, para los cursos de formación que imparte en Fuerteventura y Gran Canaria

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Una empresa del Grupo Newport, que tiene como administradora única a Yasmina Newport (I), facturó 360.000 euros y cobró dos millones en subvenciones. / AH

Escuela de Hostelería Europea SL es una de las empresas del Grupo Newport que tienen los cursos de formación para desempleados, trabajadores, autónomos o estudiantes como unidad de negocio. Eso, en teoría, por que al final, en su cuenta de resultados, tienen más peso las ayudas de las administraciones públicas que los ingresos por matriculaciones de alumnos. En 2022, por ejemplo, la compañía facturó 360.655,61 euros pero anotó casi dos millones de euros —1.987.259,78 euros— en subvenciones. Así figura en dos apartados de su cuenta de resultados: cifra de negocios y otros ingresos de explotación.

La empresa, que tiene como administradora a Yasmina Newport, ofrece cursos presenciales en Pájara (Fuerteventura) y Las Palmas Gran Canaria. Según la web de la propia compañía, nació con la finalidad de apoyar la formación en el ámbito de la hostelería y turismo y el objetivo de cubrir la necesidad de obtener trabajadores cualificados para las labores desempeñadas en ambos sectores. Además, recalca que "es una entidad reconocida y acreditada por el Servicio Canario de Empleo para la impartición de Cursos de Formación Profesional para el Empleo".

Seis años de ayudas

Ese año, precisamente, fue el Servicio Canario de Empleo la institución pública que más subvenciones concedió a Escuela de Hostelería Europea SL. Según un informe mercantil al que ha tenido acceso este periódico, sólo en 2022 esa oficina —dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias— abonó algo más de un millón de euros repartidos en cinco paquetes de ayudas: uno de 470.055 euros para cursos con desempleados; otro de 259.204 euros para unas jornadas formativas; y tres más por valor de 173.869, 75.381 y 60.093 euros para estudios con personas ocupadas.

La empresa, también en 2022, ingresó otra subvención de 364.000 euros que le concedió el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para optar al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español, que articula el capital del fondo europeo Next Generation EU

No fue 2022 el único año en el que la empresa del Grupo Newport entró en la rueda de subvenciones públicas. En 2017, el Servicio Canario de Empleo le transfirió 249.249 euros. En 2020, la misma administración autonómica le entregó 2.020.947 euros repartidas en cuatro convocatorias diferentes. Un año después, en 2021, los subsidios fueron tres —uno del Estado— para sumar un total de 1.318.096 euros, cantidad ligeramente superior a la que recibió la firma en 2023, que se limitó a 1.125.198 euros.

Querellas contra Newport

Escuela de Hostelería Europea SL forma parte del Grupo Newport, una corporación que en las últimas semanas se ha visto enredada por dos querellas presentadas por Alquimia y Volcano contra el presidente de la compañía, José Antonio Newport Machín, por disputas societarias vinculadas al proyecto de Dreamland, una ciudad audiovisual proyectada en Telde (Gran Canaria) a partir de una supuesta inversión de 140 millones de euros.

En la primera, ambas compañías —accionistas de Dreamland Studios— acusan al empresario majorero de maniobrar a sus espaldas durante las gestiones para trasladarlo de Fuerteventura a Gran Canaria para apropiarse de la idea y de comprometerlos a inversiones millonarias —como el patrocinio del CB Gran Canaria— sin su permiso. Los denunciantes sostienen que pueden constituir tres delitos: uno de administración desleal, otro de apropiación indebida y uno más de delito societario.

Una semana después de que se reveleran los términos de la primera querella, los dos mismos socios —Alquimia y Volcano— comunicaron que la segunda demanda —admitida a trámite por Juzgado de Instrucción número 7 de Puerto del Rosario, en Fuerteventura— maneja como causa dos presuntos delitos: uno, administración desleal; y dos, imposición de acuerdos lesivos por mayoría ficticia.