Las calles de Canarias se llenarán este sábado de personas con pancartas, consignas preparadas y mucha indignación acumulada. Consideran que las Islas han sobrepasado el límite desde el punto de vista turístico. Piden un cambio de modelo porque piensan que el Archipiélago no puede más. Quizás parezca una situación inédita, pero hace 23 años el ambiente de saturación era parecido. La gente despertó, se dio cuenta de que era necesario frenar. El Gobierno autonómico reaccionó entonces aprobando la conocida moratoria que ahora está de nuevo en boca de muchos.
El primer golpe por parte del Ejecutivo fue aprobar el Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se ordenó la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias. El propio texto reconocía que la preocupación entre la sociedad era notable debido, entre otras cosas, a que estaban en peligro “los frágiles ecosistemas insulares”. No había tiempo que perder, hacía falta paralizar la creación de nuevas plazas hoteleras.
Primeros pasos
En aquel momento quien estaba al frente del Archipiélago era el nacionalista Román Rodríguez. Más de dos décadas después, conversa con Atlántico Hoy sobre lo que supuso un momento crucial para la comunidad que dirigía. “En los últimos 25 años del siglo anterior, Canarias había crecido en visitantes y población de forma muy significativa”, afirma. Recuerda que había debates y manifestaciones en torno a lo que determinados sectores empezaban a considerar un problema.
Pone sobre la mesa que en la década de los 90 la gente peleó en Tenerife por proteger El Rincón, un paraje en la zona de La Orotava. El mismo periodo en el que se pedía una moratoria en Lanzarote. En el caso de Gran Canaria fue muy sonado el movimiento para salvar Veneguera. Todo resultó ser el caldo de cultivo perfecto para que hubiera que poner soluciones.
Varapalo de la justicia
“Razón por la que en el programa electoral de entonces metimos este asunto y nos pusimos a la tarea. Escuchamos a la gente, analizamos los datos, escuchamos a los expertos y tomamos decisiones”, relata Rodríguez. El camino tuvo algunos baches profundos como la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para tumbar el Decreto 4/2001. Un tema en el que merece la pena profundizar.
La justicia anuló el decreto el 25 de mayo y tres días después el Ejecutivo sacó otro adelante como respuesta. Así, se volvía a suspender la concesión de licencias para evitar una avalancha de solicitudes por parte de los promotores. Contaba esos días el periódico El País que este era más restrictivo, pero el Ejecutivo no las tenía todas consigo: podía pasar lo mismo que con el anterior –al final resultó impugnado, aunque no suspendido cautelarmente por los jueces–.
Los poderes fácticos
Rodríguez define ese proceso como “una pelea con los poderes fácticos de los que reclamaban en los tribunales la defensa de sus intereses”. “Fue un asunto muy relevante, había gente del mundo de la economía que entendía lo que estábamos haciendo y otra estaba en contra. Pero al final prevaleció la mayoría democrática en el Parlamento”, comenta.
“Ese fue un tema que dirigí absolutamente de primer nivel. Ahí tenía yo unos colaboradores que eran Fermín Delgado, que sigue conmigo después de décadas, y Faustino García Márquez, una persona clave. También nos ayudó bastante Carmelo Padrón, un catedrático de arquitectura del Partido Socialista que ejerció como profesor universitario”, prosigue el expresidente.
Ley de Medidas Urgentes
Para evitar vaivenes judiciales consiguieron aprobar en julio de 2001 la Ley de Medidas Urgentes, una norma “que desclasificó 400.000 camas del planeamiento vigente de toda Canarias en materia turística porque no habían hecho los deberes urbanísticos”. Uno de los más simbólicos fue Veneguera (Mogán), donde su plan parcial preveía 20.000 camas –la realidad es que a día de hoy todavía hay cero porque el área fue introducida en el Parque Rural del Nublo–.
Con la nueva ley se prohibió por completo la construcción de nuevas plazas. Además, permitió elevar el rango normativo e impedir, dice Rodríguez, que esto fuera paralizado por cualquiera. “Que no lo paralizaran los tribunales ordinarios a instancias de los particulares”, resalta el líder de Nueva Canarias (NC).
Crecimiento del 1%
Tras 24 meses con el sector a dos velas llegó la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. Un texto que hasta 2006 estableció una moratoria del 1%. “Si Lanzarote tenía 20.000 camas solo podía crecer en 200”, exclama Rodríguez. “Pasaron los tres años, no se hizo nada más y se repite la historia”, se lamenta.
“En aquel momento”, reflexiona”, “había muchos apartamentos y hoteles de baja categoría, había que mejorar la oferta en la parte, digamos, de mayor valor añadido”. “Hay que recuperar las zonas obsoletas, hacerlas más competitivas, mejorar la formación profesional y mejorar las condiciones de la diversificación”, apostilla.
Las cifras
En el estudio de Moisés Simancas en 2023, ‘Reinterpretando la moratoria turística de Canarias desde la perspectiva del decrecimiento’ en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (99), se ofrece una serie de datos muy reveladores sobre las plazas alojativas autorizadas en los diferentes periodos. Por ejemplo, entre 1998 y 2000 se dio el visto bueno para 131.869.
Al amparo del primer Decreto salieron adelante 40.279 plazas. Mientras, con autorización previa otorgada al amparo de la Ley del año 2003, la cifra se redujo drásticamente hasta los 20.401. Las que estuvieron otorgadas al amparo de su declaración como de interés general en virtud de la misma norma fueron 5.737. Las plazas derivadas de los recursos estimados por el TSJC resultaron ser 17.102 en total.
Las islas verdes
La disposición transitoria segunda es llamativa. Recoge el ordenamiento para las islas verdes: El Hierro, La Gomera y La Palma. “El incremento anual durante dicho período no podrá ser superior a 200, 1.100 y 1.750 plazas de alojamiento, respectivamente”, recogía el texto. Para las demás, “no se admitirá el crecimiento de la capacidad alojativa”.
Una de las polémicas más grandes en torno a la moratoria son las indemnizaciones millonarias que se han tenido que pagar a algunos hoteleros. Rodríguez defiende que ese dinero se ha tenido que abonar a raíz de la Ley 6/2009 aprobada por el Gobierno de Paulino Rivero (CC). Pero bajo ningún concepto por culpa de las normas aprobadas por su Ejecutivo: “Ni un solo euro”.
400.000 camas menos
“Nadie podrá demostrar, aunque la propaganda diga lo contrario, que la Ley de Medidas Urgentes y las leyes de directrices han generado ni una sola compensación a los particulares. Veneguera pedía 348 millones de indemnización y consiguieron cero”, afirma.
“Tú imagínate el panorama de Canarias con 400.000 camas más en el planeamiento, otra cuestión es que después de nuestra salida del gobierno decayeran las leyes porque las mayorías eran otras”, continúa.
¿De quién es la responsabilidad?
En el mismo artículo académico, Simancas recoge que hubo una tercera etapa entre los años 2009 y 2017. Periodo en el que “se redujo la trascendencia de la medida de crecimiento cero al posibilitar el otorgamiento ilimitado de las preceptivas autorizaciones previas para la construcción de hoteles de cinco estrellas”. “A su vez, se articuló un conjunto de medidas para el fomento de la renovación de la oferta alojativa”, añade.
Román Rodríguez expresa que lo que ocurre no es responsabilidad de los turistas ni de los ciudadanos, “solo faltaba”. “Pero tampoco de los empresarios, es de las Administraciones Públicas. El modelo de desarrollo que se ha instalado en Canarias se ha decidido por parte de las instituciones abandonando”, sentencia.
"Yo quería más"
“Yo quería más, pero cuando no tienes mayoría hay que ceder en el tema”, narra con resignación. Agrega que ahora, más de veinte años después, hay en Canarias 570.000 personas, seis millones de turistas y varias crisis como la hídrica, eléctrica o habitacional.
“¿Cómo no vamos a tener problemas en los puertos, los aeropuertos, en la sanidad, en el agua, en el empleo y en la vivienda si tenemos gente que atender que multiplica por 5 o por 6 el crecimiento de una comunidad parecida a nosotros mucho más rica y más equilibrada como es Euskadi?”, se pregunta.
“Apostar por la sostenibilidad es apostar por el futuro. Que la gente que viene a visitarnos o a vivir tenga las mejores condiciones de vida, es lo inteligente”, sostiene el nacionalista. Después de este viaje al pasado, el Archipiélago mira ahora hacia el futuro en medio de reivindicaciones ciudadanas que a lo mejor no son nuevas pero, sin duda, hay que atenderlas.