Un total de 1.057 ciudadanos canarios instaron en 2022 concursos de acreedores ante los tribunales mercantiles del Archipiélago, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial y consultados por Atlántico Hoy.
Dicha magnitud significa una fortísima subida del 57% sobre los 669 expedientes que tramitaron los juzgados en 2021 y representa casi el triple que los 383 registrados en 2020.
Los guarismos transcritos se reparten entre dos figuras, los individuos particulares y las personas físicas que se dedican a actividades empresariales. El primero de ellos, con 974 casos, acapara una mayoría abrumadora.
Préstamos rápidos y fiadores
Ambos grupos abarcan un amplio espectro de residentes. Los sucesos más habituales atañen a solicitantes de préstamos al consumo o productos financieros similares. En menor medida figuran autónomos cuyo negocio acabó en ruinas y pequeños empresarios que prestaron avales personales a su propia sociedad.
Los afectados recurrieron a los tribunales con el propósito de librarse de las deudas pendientes. En España ello es posible gracias a la llamada “segunda oportunidad”. Se trata de un mecanismo legal puesto en marcha hace ocho años. Permite a los particulares y los autónomos conseguir la exoneración completa de sus deudas.
Suspensión de pagos formal
Para ello han de instar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. Si este no prospera, a continuación se solicita el concurso de acreedores ante el juzgado mercantil y, a su conclusión, se pide la exoneración del pasivo.
Este instrumento ofrece grandes ventajas para quienes, debido a las circunstancias económicas, se ven atrapados por una masa de deudas de imposible devolución.
Antes de entrar en vigor, esos ciudadanos quedaban endeudados de por vida y se convertían en una especie de parias sociales, pues se les cegaba para siempre la posibilidad de trabajar en el mercado formal. Los bancos les reclamaban las deudas pendientes hasta el final de sus días, e incluso después de muertos.