La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas lo tenía todo preparado este viernes para encarar un juicio que podría haber durado hasta 26 días. Se juzgaba lo que en su día se conoció como la operación Refresco, que se saldó con la detención de 97 personas en 2012. Los arrestos se llevaron a cabo en Las Palmas de Gran Canaria, en Zaragoza y en Tenerife. Pues todo ha terminado en apenas dos horas y media. La Fiscalía ha llegado a un acuerdo de conformidad con las empresas y empresarios acusados y nadie pisará la cárcel.
Víctor Hugo G.S.G., Alonso M.O., Koval K. Valery M., Rafael D.F. y Vladislav D. han sido condenados a cuatro meses y 16 días de cárcel, pena que será sustituida por una multa de 6 euros diarios durante 272 días, es decir, cambian la cárcel por el pago de una cantidad que asciende para cada uno a 1.632 euros.
Las empresas absueltas menos una
Las empresas China National Fisheries Corporation, representada por el letrado Miguel Rodríguez del Castillo, Baltic Atlantic Shipping, Zaragoza Solquimia Iberia y Sernamo Canary Chandler, defendidas por Alberto Hawach, han salido absueltas de toda culpa. La única empresa condenada es Seagroup SL, que tendrá que pagar una multa durante nueve meses a 30 euros diarios.
El fiscal Ricardo De Mosteyrín, los acusaba de haber montado en el puerto de Las Palmas una red de tráfico clandestino de un gas refrigerante fluorado, el R22, sujeto a estrictos controles de la Comisión Europea por el daño que ocasiona a la capa de ozono.
Gas R22
El comercio del gas R22 es legal, pero está sujeto a un estricto control por parte de la Comisión Europea por su grave impacto sobre el medio ambiente (contribuye a destruir la capa de ozono de la atmósfera), que lleva a que se fiscalice su origen, su uso, su trazabilidad y todos los datos del barco que lo recibe.
Según el Ministerio Fiscal, en la fecha a la que se remontan los hechos, el puerto de Las Palmas de Gran Canaria se había convertido en uno de los principales puntos de importación en España de gas R22, como se conoce al refrigerante HCFC clorodifluorometano.
Mercado negro
Y sus muelles eran, de paso, uno de los lugares de referencia para el suministro de ese refrigerante a pesqueros que operan en el Atlántico bajo bandera de países no pertenecientes a la Unión Europea, pero firmantes del protocolo de Montreal de 1987 por el que tomaron medidas de protección de la capa de ozono.
La Fiscalía sostenía que los acusados en este proceso falseaban sistemáticamente los datos que facilitaban a la Comisión Europea para obtener las autorizaciones sin las cuales no podían vender ese gas a buques no comunitarios en Las Palmas (una operación que legalmente se considera una exportación).
“Los acusados Víctor H.G.S.G y Alonso M. O. guiados con un ánimo de ilícito enriquecimiento, han ejecutado a lo largo del año 2011 y 2012, operaciones ilícitas y clandestinas de exportación de gas r-22 virgen, así como, una distribución interior en el Puerto de Las Palmas de un auténtico ‘mercado negro’ de la sustancia destructora de ozono R-22 Virgen”, aseguraba la Fiscalía en su escrito.