Yolanda Díaz lanzó un mensaje claro el pasado 15 de febrero: “Queremos democracia económica en materia de ingresos públicos”. La ministra de Trabajo, en una entrevista con EFE, lanzó la idea de que la sanidad y educación privadas dejen de tributar al 0%. “¿Es eso justo?”, se preguntó. En definitiva, lo que plantea la número dos del Gobierno central es aplicarles el 21% de IVA. Una medida que Canarias no ve con buenos ojos.
“Pienso que la propuesta que se ha realizado es un poco precipitada”, afirma Matilde Asián, consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, en declaraciones a Atlántico Hoy –en el Archipiélago el protagonista sería el IGIC, fijado en el 7%–. Apunta, además, que la iniciativa que partió hace unas semanas desde el Estado “no va acompañada del estudio económico correspondiente”.
Más presión y mayor gasto
Señala que para oponerse al hipotético plan existen razones económicas. Un ejemplo es la posibilidad de que si se sube el impuesto habrá más recaudación para las arcas de la comunidad autónoma, pero también más costes. La razón que esgrime es que habría familias a las que les resultaría imposible seguir pagando la sanidad o la educación privadas y se desplazarían hacia la pública. “Supondría una mayor presión sobre estos servicios y por consiguiente mayor gasto”.
“Habría personas que incluso con ese impuesto seguiría acudiendo a la sanidad privada o a la enseñanza privada. Pero hay otros ciudadanos que no e irían, lógicamente, a recibir parte de sus servicios a través del propio sector público”, incide la titular de Hacienda.
Calidad de vida
Asián subraya que incrementar el IGIC a estos servicios esenciales va en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Europa. “Establecen que cuando se tiene que valorar cómo se presta un servicio público hay que mirar el interés del ciudadano, no el órgano que lo presta”. La consejera se refiere a que la clave está en ver si la medida beneficia al ciudadano o no. “¿Esto incrementa la calidad del servicio que recibe el ciudadano? Obviamente no”, sentencia.
“El IVA”, sostiene, “es un impuesto armonizado”. Es decir, grava el consumo y no las características subjetivas de quién recibe el servicio –a diferencia de, por ejemplo, el IRPF, que es directo–. “Es difícil desde ese punto de vista que uno indirecto se pueda considerar diferencial según la naturaleza del órgano que lo presta y según quién sea el ciudadano que recibe el servicio”, apostilla.
Explicar la medida
Sobre los ODS a nivel comunitario, manifiesta que en España se han ido introduciendo figuras que regulan la colaboración público-privada como se demostró en los Fondos Next Generation para paliar los efectos económicos de la pandemia. “Coincido en que cuando se produce alguna medida lo que tenemos que mirar es el interés del ciudadano”, insiste.
“¿Que unas personas por recibir enseñanza paguen más impuestos beneficia a alguien? Yo estoy buscando todavía a quién beneficia. El sector público tiene mucho que aprender de la privada y viceversa. La medida habría que explicarla mejor”, pone sobre la mesa Matilde Asián.
Ahorro vs coste
Yolanda Díaz puso sobre la mesa que su iniciativa, que plantea de cara a los presupuestos de 2024, permitiría ahorrar dinero a las arcas públicas, pero la consejera canaria asevera que no se está hablando de los gastos que originaría.
“Estamos financiando de alguna manera la asistencia a las escuelas privadas, no estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la sanidad privada en España tributa al 0%?”, defendió la ministra.