El 14 de julio del año pasado, el Consejo de Gobierno de Canarias designó a a Pedro Ortega –presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE)– como vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) en representación de las organizaciones empresariales relevantes en el ámbito portuario. La Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (Asocelpa), desde entonces, ha rumiado una decisión que ahora valora recurrir con un objetivo: exigir, vía contencioso-administrativa, ese puesto en el órgano directivo de la APLP.
Asocelpa aprobó el recurso en una asamblea general extraordinaria celebrada el jueves, 26 de enero. En la reunión, que tuvo como único punto en el orden del día la posibilidad o no de recurrir la elección de Pedro Ortega y solicitar para la propia asociación ese puesto de vocal, estuvo presente –como asesor jurídico– Enrique Moreno, expresidente del Club Baloncesto Gran Canaria y al que Luis Ibarra –actual presidente de la Autoridad Portuaria– intentó destituir al frente de la entidad deportiva durante el breve período de tiempo –entre agosto y septiembre de 2019– que ocupó la vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Boluda y Fairplay
Desde Asocelpa entienden que el nombramiento de Ortega –que reemplazó en el consejo de administración de la APLP a Agustín Manrique de Lara– podría no ajustarse a derecho. Ahora mismo, los representantes de los empresarios en el órgano directivo portuario son el propio Ortega (como vocal de las organizaciones empresariales relevantes en el ámbito portuario); Luis Padrón (como vocal de las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la provincias de Las Palmas); y Javier Climent (como vocal de los sectores económicos relevantes en el ámbito portuario).
Climent, precisamente, es CEO de Boluda en Canarias, empresa que abandonó Asocelpa después de que la propia asociación –con Moreno como letrado– participara en un recurso a favor de la empresa Fairplay para pedir en los juzgados la liberalización de los remolcadores para Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Sentencia del TSJC
La última sentencia de ese conflicto, de momento, la dictó hace unos meses la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al dar la razón al acuerdo del consejo de la APLP, que en 2020 aprobó los pliegos para liberalizar el servicio de remolque destinado a regular la competencia entre Boluda y Fairplay.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas está presidido por Luis Ibarra, tiene como director a Francisco Javier Trujillo, como secretaria a María Bosch y como capitán marítimo a Francisco García Lascuraín. Los vocales, además de la cuota empresarial, son Patricia García-Gallardo, Jesús Manuel Requena y Miguel Ángel Pérez (en representación de la Administración General del Estado); Domingo Juan Jiménez, Elena Máñez, Sebastián Franquis y Óscar Hernández (en representación de la comunidad autónoma de Canarias); Antonio Morales, Sergio Lloret y Andrés Stinga (en representación de los cabildos insulares); Augusto Hidalgo y Astrid Pérez (en representación de los ayuntamientos); y Pedro Salvador Sánchez (en representación de las organizaciones sindicales relevantes en el ámbito portuario).