El debate de la saturación turística que vive Canarias no es nada nuevo. Ya desde hace años —y sobre todo después de la pandemia y confinamiento que demostraron que la dependencia que el Archipiélago tiene con el turismo puede volverse en su contra— se ha debatido sobre el cambio y evolución del modelo económico en las islas. Lanzarote solo ha sido la primera en declararse saturada turísticamente porque, hasta noviembre del año pasado, recibió 2,5 millones de turistas, 17 veces su población. Este es un tema que se une al crecimiento de las viviendas de alquiler vacacional en las islas ya que Canarias suma 10.000 nuevas plazas en viviendas turísticas en dos años.
Además, algunos ataques vandálicos que han recibido espacios como Los Jameos del Agua cuando un grupo de turistas se bañaron en sus aguas —algo totalmente prohibido porque en ellas viven los jameitos, unos pequeños crustáceos en peligro de extinción—, o la triste desaparición de la famosa palmera torcida de Masdache y el baño en El Charco Verde, han llamado a la polémica. El Cabildo de Lanzarote asegura que no reniega del turismo, pero sí busca la excelencia en el mismo para garantizar el futuro de las generaciones futuras.
Este es otro debate: la búsqueda de un turista totalmente diferente al que llega actualmente a Canarias. Un turista que, más allá de buscar el sol y la fiesta, se centra en las particularidades del entorno, lo defiende y lo cuida como si fuera su propio hogar.
¿Y los empresarios?
La presidenta de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN), Susana Pérez, afirma que la declaración de isla saturada turísticamente “ha tenido un impacto muy negativo” y ha generado una imagen que “para nada corresponde con la realidad de Lanzarote”.
Para la presidenta de ASOLAN, el foco hay que ponerlo sobre las viviendas vacacionales. “En los últimos cinco años se han registrado más de 5.000 viviendas vacacionales en Lanzarote, es decir, más de 20.000 camas. Sin embargo, hoteles de nueva construcción en los últimos 10 o 15 años ha habido uno que abrió sus puertas hace cinco años y otro que se está construyendo en Playa Blanca en la actualidad”.
Viviendas vacacionales
En 2018 el equipo de gobierno de Palma adoptó una medida pionera en todo el estado con la que se prohibía definitivamente los pisos turísticos en toda la ciudad. Esta medida fue tomada tras encargar varios estudios y análisis que revelaron que la oferta de pisos turísticos no reglados aumentó un 50% entre 2015 y 2017 hasta alcanzar las 20.000 plazas comercializadas en la ciudad. Sin embargo, por aquel entonces, en Palma solo 645 de las viviendas ofertadas tenían licencia. A partir de ahí, en la ciudad solo se permitía el arrendamiento a viajeros en las viviendas unifamiliares —casas aisladas o chalés— excepto los situados en suelo rústico protegido, en el entorno del aeropuerto y en áreas de uso no residencial como los polígonos industriales.
Este acuerdo fue llevado a los tribunales por la patronal del alquiler turístico de Baleares HABTUR. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares estimó el recurso de la patronal y le dio la razón al considerar que la medida era “desproporcionada e innecesaria” y vulneraba varias directivas europeas anulando la prohibición. Sin embargo, el consistorio mallorquín recurrió el dictamen ante el Tribunal Supremo, que ahora ha dado la razón al ayuntamiento, que mantendrá la prohibición de alquilar pisos y apartamentos a turistas para pasar las vacaciones en la ciudad como se ha venido haciendo desde 2018.
“Esto es muy importante también para el desarrollo económico y social de Lanzarote: poder acceder a una vivienda de alquiler y de compra donde las viviendas residenciales se han convertido en alquiler vacacional”, asegura la presidenta de ASOLAN.
Alternativas
El pasado verano también Baleares puso en marcha un ensayo para tratar de reducir el impacto ambiental que el turismo estaba teniendo en el Archipiélago. Durante 14 días, Palma limitó la llegada de cruceros a su puerto tras llegar a un acuerdo con las principales navieras. De esta forma, se convirtió en el segundo destino del mediterráneo —por detrás de Dubrovnik— en implementar un plan para reducir los efectos negativos del turismo de masas.
Otra medida de las Islas Baleares es el Impuesto de Turismo Sostenible, una tasa que obliga a pagar a los turistas que visiten las islas. Aurora Ribot, vicepresidenta del Consell de Mallorca y consejera de Sostenibilidad y Medioambiente asegura que este impuesto es una herramienta de fiscalidad verde que les permite que esa actividad que consume tantos recursos naturales (el turismo) "ofrezca también recursos para revertir este impacto".
Ribot dice que gracias a ese impuesto se han podido crear infraestructuras necesarias en la isla. Explica que son unos recursos de los que disponen "para reparar el impacto que hace el turismo, que es real. Un impacto de consumo del territorio, un impacto en cuanto a generación de residuos que hay que tratar y un impacto también sobre la sociedad".