Las licitaciones de los organismos públicos de Canarias en el primer cuatrimestre de 2023 experimentaron una importante subida del 468% en comparación con el mismo periodo del año anterior, con 102 millones de euros licitados.
Este incremento coloca al Archipiélago como la segunda comunidad autónoma en el cómputo nacional, solo por detrás de Cantabria, que se fue hasta un 493% con 132 millones licitados. Datos muy superiores a la media del Estado, que contrajo su crecimiento y se queda en el 10,4%.
No obstante, licitación no es lo mismo que adjudicación. Los constructores de las Islas estuvieron meses denunciando que muchas obras quedaban desiertas porque los precios no habían sido ajustados a la inflación, motivo por el cual la región se acogió al real decreto excepcional de revisión de precios y ha cooperado bonificando al 100% la tasa de dirección de obras.
Con todo, según los datos ofrecidos por Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP) el mes pasado, 357 concursos quedaron sin puja alguna para construir obra pública entre 2021 y marzo de este año.
Dinámica Positiva
Pese a ello, según asegura a Atlántico Hoy el presidente de Fepeco (patronal de la construcción en la provincia de Tenerife), Óscar Izquierdo, “cada vez son menos las obras que quedan sin adjudicar” porque ya se están aplicando las revisiones correspondientes. Asegura que el nivel de licitación es “bastante aceptable” y supera con creces a la media nacional.
“Ahora lo que se está licitando se está adjudicando”, asegura pero lanza una advertencia a los futuros gobierno regionales, insulares y locales: “Es importante que los nuevos gobiernos continúen con los proyectos que están en marcha y no los paralicen para empezar sus propios proyectos por cuestiones políticas”.
Se refiere Izquierdo, en especial, a Tenerife, que requiere de obras “imperiosas” en las carreteras de la isla de que “no se deben interrumpir” cuando ya están en “exposición pública, licitadas e incluso adjudicadas”.
Círculo vicioso
Denuncia el presidente de Fepeco a su vez el círculo vicioso que suponen las encomiendas de la administración a empresas públicas como Tragsa o Gesplan que llevan a una competencia desleal “porque la propia administración licita y se adjudica la obra a través de empresas públicas”, lo que hace que el beneficio sea para ellos mismos.
“De esta manera”, ahonda Izquierdo, “la financiación no entra en el mercado sino que se mueve dentro de la administración”.
Aun reconociendo los avances en obra pública de los últimos meses, sigue reclamando una “mayor agilidad y mejores estructuras” porque “la incapacidad para sacar procedimientos en concurrencia publica” en los últimos años ha sido “evidente” en todos los niveles de la administración.
El mismo presidente de Canarias en funciones, Ángel Víctor Torres, reclamó en su momento una mayor colaboración entre todas las administraciones y las empresas para que no se quedasen obras sin licitar.
Mejora respecto a 2022
Lo cierto es que las palabras del representante de la patronal suponen un cambio de dinámica con respecto a 2022, cuando las obras que quedaban desiertas se contaban por decenas. Según AECP, en el pasado año se triplicaron respecto a 2021.
Los ayuntamientos son los que tradicionalmente dejan más obras sin licitar, dada la mayor afluencia de proyectos que se presentan. Según los cálculos de los constructores, las obras desiertas el pasado año estuvieron valoradas en 57,8 millones, el 40,2 % del total, seguida de la Administración del Estado, con 25 millones y un 18% sobre el total.
Los cabildos dejaron de licitar obras por 24,35 millones, un 17%, mientras que la comunidad autónoma alcanza los 23,8 millones y el 16,8%.
Como ejemplos: la construcción de once viviendas protegidas en Breña Baja, la reforma de una biblioteca en Las Palmas de Gran Canaria o la ampliación de un centro sociosanitario en La Matanza de Acentejo.
Obras que quedaron a merced de un alza de precios inesperada. Ahora parece que se ha invertido la inercia.