Este lunes, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicaba el decreto por el que se designaba al órgano de control de la Cadena Alimentaria en Canarias, el cual entra en vigor este 9 de mayo.
La Viceconsejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha sido desginada para tal fin después de que el Consejo de Gobierno lo aprobase el pasado abril y proponerlo en el mes de febrero. El fin de este órgano de control es inspeccionar los contratos de venta entre el productor y su inmediato comprador para que no se venda por debajo del coste de producción.
El avance de la Ley de Cadena ha generado buenas sensaciones en el sector, aunque aún quedan espacios sin llenar. De hecho, a finales de marzo se presentó el borrador del Plan de Actuaciones de Control de la Cadena Alimentaria a través del cual se iban a inspeccionar al menos 12 productos, como la leche o el aguacate, para que se pague un precio justo. Según anunciaba la Consejería en ese momento, los controles comenzarían ''en semanas'', algo que aún no ha ocurrido.
Entrada en vigor del órgano
El pasado 27 de abril, el Gobierno de Canarias informaba de la aprobación del proyecto de decreto por el que se elegía la autoridad que iba a controlar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria en las Islas.
Según el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta conjunta de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca y del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y previa deliberación del Consejo de Gobierno, se designó finalmente a la Viceconsejería como el órgano adecuado.
Las acciones como órgano se basan en controlar las relaciones comerciales entre los operadores que intervienen en la cadena, desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios. Tras esto, ha entrado en vigor este 9 de mayo tras su publicación en el BOC.
Las inspecciones no han comenzado
Con la presentación a finales de marzo, por parte de la Consejería, del borrador del Plan de Actuaciones de Control de la Ley de Cadena, se dio pie a la vigilancia de al menos 12 productos para comprobar que se estuviese pagando un precio acorde a la producción.
Los productos fueron elegidos en función de donde se detectaron mayores diferencias de precios, entre lo que reciben los agricultores y el punto de venta o los más producidos.
A pesar de ello, según aseguran a Atlántico Hoy desde asociaciones como Coag, no se ha publicado ese plan de control y desconocen cuando se hará. Desde Asaga reiteran a este medio la petición que le realizaron a la Consejería de que esas primeras comunicaciones sean informativas y no sancionadoras, ya que quedan muchas cosas en el aire que se tienen que resolver, como es el caso de las exportaciones y los contratos, que quienes tienen que registrarlos son los compradores.