La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha publicado este viernes la convocatoria de las ayudas que buscan impulsar la presencia de jóvenes en el cada vez más envejecido sector primario. Las ayudas corresponden al Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027 y pueden llegar hasta los 100.000 euros por beneficiado.
Por una parte, para impulsar a los jóvenes ganaderos la convocatoria prevé una inversión de 1.250.000,00 euros que se dividirá en 250.000 euros a repartir cada año entre 2024 y 2028. Por otra parte, para los agricultores la subvención ascenderá a los 2.000.000 euros y se repartirá en anualidades de 400.000 euros en los mismos periodos.
Aumento de la cuantía
Según informó el consejero de Agricultura en una comisión parlamentaria celebrada en marzo, el Plan Estratégico de la Política Agraria Común mejora de forma significativa las subvenciones destinadas a la puesta en marcha de empresas agrarias por jóvenes, cuyo máximo a percibir pasa de 70.000 a 100.000 euros por beneficiario.
Los requisitos principales son tener menos de 41 años y desarrollar un plan empresarial para el que cuentan con asesoramiento y apoyo, que se mantiene durante los primeros años de su actividad.
Críticas por exclusión
El pasado 13 de febrero, el Boletín Oficial de Canarias publicó la lista de requisitos que deberán cumplir los beneficiarios para poder acceder a estas subvenciones. La convocatoria despertó el malestar de un colectivo de jóvenes agricultores en Canarias porque en sus bases se otorgan 18 puntos a jóvenes agricultores instalados bajo la PEPAC en los últimos cinco años, excluyendo a quienes se instalaron mediante el Programa de Desarrollo Rural (PDR) en el mismo periodo.
Este criterio, según argumentan, crea un agravio comparativo y limita injustamente el acceso a las subvenciones, en contradicción con el espíritu de la normativa europea sobre la PAC, que promueve el relevo generacional y el empleo en el sector agrícola. La queja se fundamenta en el principio de que tanto la legislación europea como la nacional y la autonómica deberían fomentar un acceso equitativo a las ayudas para todos los jóvenes agricultores, independientemente del marco de financiación bajo el cual se instalaron.