Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social han convocado para el 30 de marzo su primera jornada de huelga tras ocho meses a la espera de que el Gobierno de España cumpla el acuerdo del pasado mes de julio para la mejora de efectivos, material y organización.
Además, el próximo 22 de marzo empezarán con las primeras concentraciones de protestas en todos los centros de trabajo, que junto a la jornada de huelga general, han sido convocadas por parte de ocho organizaciones de trabajadores representantes de buena parte de la plantilla de Inspección de Trabajo y Seguridad Social -CSIF, CCOO, UGT, el Sindicato Inspectores de Trabajo (Sitss), CIG, Fesess, Sislass y UPIT-.
Fase de conflicto
Los representantes del sector de Csif Canarias denuncian que “se entra en una fase de conflicto que es imposible evitar ante el absoluto desprecio que se demuestra por parte de este Gobierno hacia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a pesar de los permanentes mensajes en clave de propaganda hueca que solo sirven para aumentar la desmotivación existente”.
Se añade también el incumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, de las propuestas que se pactaron el pasado mes de julio, con el propio sello de la ministra. En ellas se acordaron contratar cerca de 450 técnicos administrativos, así como otras medidas de refuerzo y apoyo a la Inspección y a las carreras y retribuciones de sus profesionales.
Lejos de la recomendación de la OIT
A día de hoy, la Inspección de Trabajo está dotada con un total de 1.852 efectivos, 858 inspectores y 994 subinspectores, pero este nivel queda lejos del que recomienda la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas, algo que en la actualidad no sucede.
Csif Canarias insiste en un comunicado que “la relación entre las cargas de trabajo y la plantilla del organismo empeora hasta el punto de que resultará en breve imposible seguir sujetando una gestión y unos objetivos en donde, para este Gobierno, parece más importante anunciarlos que realizarlos”.
Esta situación, según argumentan, ha generado un incontenible clima de desborde en su día a día magnificado por la inacción del Ejecutivo ante sus peticiones, desatendidas. “Tras ocho meses de espera solo se concreta el incumplimiento del Gobierno del acuerdo de julio que recogía una serie de medidas fundamentales para salvar el funcionamiento de la ITSS”, aseguran los representantes del sector”.