Ni 40 millones como calcularon algunas publicaciones, ni los 22 millones que pedía la unión temporal de empresas OHL: la indemnización pactada entre la Consejería de Obras Públicas de Canarias y la empresa que debería haber resultado adjudicataria de la obra del Anillo Insular de Tenerife se ha fijado en 13,7 millones de euros.
El cierre del Anillo Insular a través del túnel de Erjos -que será el más largo de Canarias- es la obra de mayor envergadura del convenio de Carreteras con el Estado y probablemente la más controversial, después del baile de adjudicatarios y la batalla de recursos que llevó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias a sentenciar en firme en junio de 2024 que se había adjudicado la obra a la empresa que no era.
Los hechos
Los actores en esta historia son cuatro: el actual consejero de Obras Públicas -y también en 2019, cuando se adjudicó por primera vez la obra-, Pablo Rodríguez (CC), el consejero de Obras Públicas durante la legislatura socialista, Sebastián Franquis, y dos uniones temporales de empresas, OHL y FCC, que pujaron por hacerse con el contrato.
En junio de 2019, la obra del túnel de Erjos se adjudicó a OHL, que había presentado la oferta más económica. Inmediátamente después de esto, FCC impugnó la adjudicación ante el Gobierno de Canarias, pero el Ejecutivo encargado de resolverlo fue el de Ángel Víctor Torres, que acababa de ganar las elecciones autonómicas y tomaba posesión en ese momento.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, ya bajo el nuevo Gobierno socialista, dio la razón a FCC y la obra se adjudicó en septiembre de nuevo, comenzando en noviembre de 2019 bajo la nueva adjudicataria.
OHL, indignada, presentó un contencioso-administrativo que se resolvió en firme por el TSJC en junio de este año, dándole la razón, y que ha resultado un varapalo para la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias por tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias.
Lo pactado
Pero meses de negociaciones han permitido reducir casi a la mitad la cifra pedida por OHL. Este miércoles, Pablo Rodríguez y Rosana Melián (directora general de Infraestructura Viaria) han detallado los puntos del acuerdo. Según explican, los objetivos de la negociación han sido que la obra no se pare ni se retrase y que se defienda el interés general, es decir, que el sobrecoste por esta sentencia cueste el mínimo a las arcas públicas.
Al tener como principio que las obras no se estanquen, la solución negociada fue desde un principio que FCC continuase ejecutándola y se pagase una indemnización a OHL, temiendo que si le revocaban la adjudicación a la primera para devolvérsela a la segunda, esta rechazase la obra por tener unas condiciones ya muy diferentes a las que se proyectaron en 2019 y hubiese que volver a licitarla. Este proceso hubiese supuesto, según los cálculos de la consejería, unos tres años de retraso y posiblemente una reclamación patrimonial de FCC.
¿Cómo se calcula?
En la negociación de la indemnización, se han establecido unos 10 millones de euros en concepto de lucro cesante para OHL, así como otros 1,9 millones por lucro cesante de la revisión de precios tanto ordinaria como extraordinara a la que hubiese tenido derecho la empresa, especialmente suculenta tras el encarecimiento de materiales producido por la guerra en Ucrania.
Además, hay que sumar intereses legales previstos en aproximadamente 1,2 millones de euros y otros gastos de OHL en concepto de preparación de la oferta original (facturas, horarios de técnicos, etc.) y de preparación del recurso, estimados en poco más de 552.000 euros; y los intereses moratorios, que se calcularán aproximadamente al 3%.
Todo esto hace una estimación de 13,7 millones de euros, que no incluyen los costes procesales que la Consejería de Obras Públicas está sentenciada a pagar.
La enorme reducción
Según han explicado Rodríguez y Melián a Atlántico Hoy, la abultada diferencia entre los 22 millones originalmente reclamados por OHL y los 13,7 millones pactados en sala se debe a que OHL, que originalmente había presentado una propuesta más económica, calculó su lucro cesante conforme al plan de obra de FCC, algo que la consejería no consideró realista puesto que en ningún caso hubiese obtenido la UTE esos beneficios.
Además, en la negociación se rechazó indemnizar otros conceptos como el de disposición sobre la maquinaria que pretendía imputar OHL, dado que Obras Públicas no consideró realista la pretensión de la UTE de que su maquinaria había estado cinco años inmovilizada a la espera del resultado de su contencioso-administrativo.
Tal y como han indicado desde la consejería, superado ya el escollo, se espera que los túneles se abran al tráfico en el primer trimestre de 2027.