La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias destinará 22 millones de euros a la rehabilitación de edificios públicos como el edificio anexo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y los Múltiples III y IV, en Las Palmas de Gran Canaria y la antigua Consejería de Hacienda en Santa Cruz, según ha anunciado este sábado.
Esta obra será posible “a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), recogido en el Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia y destinado a la rehabilitación sostenible del parque público institucional en las comunidades autónomas”, tal y como9 ha indicado el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero del área, Román Rodríguez.
Este programa persigue la rehabilitación de inmuebles de uso y titularidad pública desde una visión integral de la rehabilitación y es extensiva a todo tipo de edificios institucionales. “El único requisito indispensable fijado por la Comisión Europea es que en cada una de esas actuaciones se asegure una reducción de, al menos, el 30 por ciento del consumo de energía primaria no renovable”, ha explicado Rodríguez.
Rehabilitación de los edificios
Del mismo modo, el vicepresidente ha precisado que el PIREP “brinda la oportunidad de abordar las rehabilitaciones de los inmuebles desde una óptica integral, abarcando también otras necesidades relativas a cuestiones como la habitabilidad, la mejora del confort acústico o la calidad del aire en el interior de los edificios".
Eso permite volver a poner en uso dos de los inmuebles elegidos y optimizar el rendimiento de los otros dos, "a través de la modernización de sus instalaciones". También será posible solventar problemas de accesibilidad o incluso mejorar aquellas distribuciones "que, con las nuevas formas de trabajo, se han quedado ya obsoletas o desactualizadas”.
Las bases de este programa europeo plantean, del mismo modo, otros requisitos para los trabajos. Entre los más importantes, figuran la necesidad primordial de que las obras concluyan en el plazo máximo previsto del primer semestre de 2026, el ahorro energético comprometido y el cumplimiento de las políticas de gestión de residuos y reutilización.