Este sábado 20 de abril está marcado en el calendario de muchos canarios y canarias que no están de acuerdo con la gestión que se ha realizado a lo largo de los años del turismo de masas en el Archipiélago. Algunas personas han decidido manifestarse para dar un golpe sobre la mesa y empezar a debatir sobre la dirección que está tomando el futuro de las Islas. Y, mientras la gente se organiza para salir a la calle, se empieza a mirar hacia otros lugares de España —y del mundo— para ver qué se puede hacer para convertir el territorio en un espacio donde el turismo y los residentes puedan convivir de manera sana y sostenible.
Una de estas zonas es Baleares, el archipiélago del mediterráneo que, como Canarias, se ha enfrentado a las consecuencias de priorizar el contar turistas. Durante las últimas décadas, las Islas han visto incrementado notablemente el flujo de visitantes —muy vinculado al turismo de sol y playa y, por tanto, concentrado en el periodo estival—. “Por otro lado, en los últimos años el destino también ha visto incrementados fenómenos relacionados con la masificación o las conductas incívicas, añadidos a problemas sobre la viabilidad y la sostenibilidad de la actividad turística”, explica la Consejería de Turismo de Baleares. Para reorientar su estrategia turística el Govern ha iniciado un cambio de rumbo.
Impuesto de Turismo Sostenible vs Ecotasa
Una de las medidas más importantes ha sido la implantación de un impuesto sobre las estancias turísticas. Desde las instituciones baleares se creó el Fondo para el Impulso del Turismo Sostenible, que desde el 1 de julio de 2016 recauda los ingresos del llamado Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) que cobran los alojamientos turísticos de las cuatro islas a sus huéspedes. “La recaudación se dedica a paliar los efectos negativos del turismo y a redistribuir una parte de los beneficios económicos de esta actividad en el conjunto de la sociedad —medioambiente, turismo sostenible, patrimonio histórico, investigación científica, formación y ocupación y alquiler social—”. Dependiendo de la temporada del año, el turista puede llegar a pagar entre cuatro y 0,5 euros. “Desde el inicio de su implantación se han aprobado un total de 191 proyectos, de los cuales 72 ya se han finalizado. Esto ha supuesto una inversión total en las islas, a cargo del Impuesto, de 391 millones de euros”, expone la administración pública.
¿Y en Canarias? Hace años que se escucha la palabra ecotasa en los debates políticos del archipiélago canario, pero nada que se haya manifestado aún más allá de simples conversaciones. La respuesta, tanto por parte del PSOE en la anterior legislatura como por parte de Coalición Canaria en esta en todos sus años de gobierno, siempre ha sido negativa. Hasta hace unos días. La semana pasada, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmaba que no cerraba la puerta a una tasa turística: "Es cierto que en el programa de gobierno no está la ecotasa, pero también es cierto que estamos dispuestos a hablar, el gobierno siempre va a dialogar".
Alquiler turístico
Hasta 2018, el alquiler turístico en Baleares estaba restringido a viviendas unifamiliares. La aprobación de una nueva ley supuso que los municipios pudieran escoger qué tipo de vivienda podría ofrecer alquiler turístico en su territorio, bajo qué modalidad y en qué zonas. Así, “la ley 6/2017 ofrece la oportunidad de desarrollar el negocio del alquiler turístico allí donde es positivo hacerlo, donde puede generar prosperidad compartida, pero también permite restringirlo allí donde puede tener efectos negativos y donde supone una amenaza para la convivencia y el bienestar de los vecinos —ruidos, residuos, dificultad para la ciudadanía en el acceso a una vivienda…—”.
Los pisos destinados al alojamiento de visitantes extranjeros o nacionales ocupan el 36% de la oferta alojativa de las Islas con 54.282 inmuebles en Canarias y, por su parte, el Gobierno autonómico presentó, hace unas semanas, el anteproyecto de ley para regular el alquiler vacacional. Entre las medidas más relevantes de este se encuentra el hecho de que, del 100% de la oferta de vivienda, solo el 10% puede ser vacacional y el otro 90% residencial —aunque esto no va por municipios en bloque, sino que va por núcleos o barrios—. Atlántico Hoy ya realizó un análisis exhaustivo de este anteproyecto de ley que actualmente se encuentra en el plazo de información pública.
Límite al crecimiento de plazas o moratoria
“Para ganar en calidad, para ser mejores, no es necesario consumir territorio ni aumentar en plazas turísticas”, apunta el Govern balear. “Dada la limitación de recursos, provocada por el hecho insular, es necesario establecer unos límites al crecimiento territorial. Por eso, ya no existen excepciones en la normativa turística y se han puesto límites en la oferta de alojamiento. Ahora ya no se puede crecer al margen de planeamientos territoriales, urbanísticos y turísticos”, apunta.
Se habla mucho de una moratoria turística en Canarias, pero, al igual que la ecotasa, se queda en las palabras y en los debates que no van más allá de las sesiones parlamentarias y las conversaciones en la calle. ¿Qué es una moratoria? Es una prórroga temporal de la construcción de plazas turísticas, es decir, si se pone en marcha significaría el no poder construir una sola cama hotelera en el plazo de diez años.
Otras medidas
En la misma línea que las anteriores medidas, el Ejecutivo balear y las principales compañías de cruceros del mundo que operan en el Archipiélago, han pactado un acuerdo de colaboración para conseguir una regulación sobre la llegada de cruceros. Se ha establecido un límite sostenible a las llegadas al puerto de Palma: solo pueden llegar al puerto un total de tres cruceros al día, y solo uno de ellos puede tener una capacidad de más de 5.000 pasajeros. En Canarias, por otro lado, los puertos de las dos provincias recibieron en 2023 unos 795 cruceros —casi 1,8 millones de pasajeros— y no existe ni siquiera un planteamiento para la limitación de estos.
Junto al freno a los cruceros está también el límite al tránsito de vehículos en espacios con especial interés natural. En Baleares esta medida se está desarrollando en Formentera y existe una norma que permite regular el acceso de vehículos y establecer limitaciones temporales en la entrada y circulación de vehículos a motor. En las otras islas “se ofrecen alternativas de transporte en algunos espacios naturales” como en el faro y la playa de Formentor donde “se ha reducido un 78% el tráfico gracias a un bus lanzadera”. Además, también funcionan para acceder a Ses Covetes, es Trenc, S’Almunia y Cala Llombards, otros espacios de especial interés en Mallorca. En cuanto a Menorca, al faro de Favàritx solo se puede llegar en autobús. En las islas Canarias solo existe una medida similar en la zona del Parque Rural de Teno. En la actualidad, la regulación del acceso a esta zona prohíbe el acceso de vehículos no autorizados desde las 10:00 horas de los viernes hasta las 19:00 horas del lunes —en verano se amplía el horario hasta las 20:00 horas—.