Los taxistas y el Gobierno de Canarias están tranquilos frente a una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado 8 de junio en favor de compañías como Uber o Cabify. El organismo estableció que limitar la existencia de una licencia VTC por cada 30 taxis, como recoge la Ley 13/2007 de Transportes por Carretera de las Islas, no se ajusta a la normativa europea. “No nos afecta”, afirman fuentes del Ejecutivo regional a Atlántico Hoy.
Explican que Europa hace referencia solo a la limitación por razones económicas, pero que la norma del Archipiélago reconoce también, desde una modificación en 2014, motivos medioambientales o sociales. El contexto de sus argumentos es que el Gobierno de España ha declarado al sector del taxi como un “servicio de interés general” y permite otras razones que restrinjan la concesión de licencias para vehículos de transporte de alquiler con conductor (VTC).
Sector del taxi
Algunos ejemplos de las excepciones que contempla el Estado en el real decreto aprobado en Consejo de Ministros este martes para no otorgar permisos a VTC son los criterios de tráfico o medioambientales. José Ramón Almeida, presidente de Autotaxi en Las Palmas de Gran Canaria, se alegra porque “en el Archipiélago ya estábamos recogiendo estos argumentos de la UE”.
Almeida cree que lo que han dicho en Europa “refuerza el argumentario de la Ley de Transportes de Canarias”. “Estábamos blindados”, añade. El Ayuntamiento capitalino aseguró en declaraciones a este periódico que José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad, ha convocado una Mesa del Taxi para la próxima semana que permita abordar este asunto. “Nosotros daremos nuestras ideas y no puede ir más en consonancia con lo que está diciendo el Gobierno de España”, comenta el presidente de la Cooperativa.
Canarias se adelanta
Lorenzo Rodríguez, presidente de la Cooperativa de taxis de Telde, está de acuerdo con el Gobierno y con Almeida. “Las Islas siempre se han adelantado en esa situación”, expresa. “Canarias y Baleares siempre han ido por delante con respecto de la Península”, matiza. Para él, aquí ya se recogía los aspectos “ecológico, geográfico, la capacidad de vehículos, etc.”.
Sobre la declaración del taxi como servicio de interés general declara que “esa reivindicación la teníamos sobre la mesa desde hace bastante tiempo y la recibimos con alegría”. “El taxi es un servicio público regulado por las administraciones y tiene que tener ese carácter”, apostilla.
La normativa
El artículo 4 la Ley de Transportes del Archipiélago en su primer apartado recoge que se debe garantizar “la movilidad de personas de modo regular, continuo, accesible y asequible, por el territorio insular”. En el 2.d. se habla de “la existencia en cada una de las islas de un servicio de transporte público regular de viajeros, sostenible y de calidad, en coordinación con los transportes urbanos que existan, o que puedan existir”.
El apartado 2.j., el más apelado por el sector del taxi y el Gobierno, reza que es importante “la consecución de la máxima calidad y seguridad en la prestación de la actividad de transporte por carretera y la reducción de los impactos y coste medioambiental”.
Mesa del taxi
Al igual que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el de Santa Cruz de Tenerife ha asegurado en declaraciones a este medio que llevarán a cabo una Mesa del Taxi. El objetivo es “dialogar con el sector y estudiar el impacto jurídico”.
Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, también se muestra receptivo a reunirse con el sector y expresa su preocupación por que empresas como Uber se hagan con el mercado. “Se convertiría en un monopolio con una subida de precios incontrolable”, explica.
Preocupación en Tenerife
El Cabildo de Tenerife emitió una nota el pasado 15 de junio en la que, tras conocer la sentencia europea, el presidente insular Pedro Martín mostraba su preocupación por las posibles consecuencias que puede acarrear. Instó al nuevo Gobierno de Canarias a darle absoluta prioridad al tema.
“El Cabildo de Tenerife tiene en este momento 2.350 solicitudes presentadas para nuevas licencias, una cifra que consideramos absolutamente desproporcionada e inasumible para la Isla. Por ello, entendemos que, más allá de las aclaraciones realizadas recientemente por el Gobierno regional en funciones, en las que se indica que no afectará a Canarias, es necesario determinar con más precisión y para mayor garantía, la regulación del número de licencias que se puedan otorgar”, sentenciaba.