La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha ordenado declarar la urgente ocupación de los terrenos afectados por la expropiación forzosa con motivo de las obras en las carreteras LP-1 y LP-2 en la isla de La Palma.
Se trata de dos proyectos: el modificado nº 1 de la obra de acondicionamiento de la LP-1, Los Llanos-Tijarafe, concretamente al tramo entre la vía LP-118 y Tijarafe, así como el modificado nº2 del acondicionamiento de la carretera LP-2 en el tramo de San Simón a Tajuya.
Los presupuestos de ambos trabajos ascienden actualmente a 49.873.968,83 euros para el de la LP-1 así como de 72.153.935,50 euros en la LP-2. En este caso se van a expropiar casi 9.000 metros cuadrados mientras que para el proyecto de la LP-1 son 7.042m2, según detalla la orden publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de Canarias.
San Simón a Tajuya
En el caso de San Simón a Tajuya, el uso de las parcelas afectadas es mayoritariamente de pastos, así como un cuarto de aperos o un cultivo potencial de aguacates. El expediente de la obra 'LP-2 Bajamar-Tajuya'. Tramo: San Simón-Tajuya' se inició hace 14 años por 61.523.366,08 euros (finalmente 72.153.935,50 euros) y un plazo de ejecución de 48 meses.
Ha tenido dos modificaciones, varias ampliaciones y reajustes tanto en su alcance como en el presupuesto. Se reanudó y adjudicó en 2011, mientras que en marzo 2013 se autorizó la redacción del primer modificado de la obra con reajustes de anualidad y correcciones, al igual que ampliaciones del proyecto. El plazo de ejecución de las obras en ese momento se mantenía hasta el 31 de octubre de 2017, y posteriormente se amplió hasta la misma fecha pero de 2019 y sucesivamente cada año hasta 2024, así como su importe principal.
Un segundo modificado
En septiembre de 2020 se acuerda el segundo modificado de la obra, lo que generó un incremento del presupuesto que se hizo de manera conjunta con el primero. El 29 de octubre se autoriza su redacción y en junio de 2024 se aprueba técnicamente. El 24 de septiembre se da luz verde a la declaración de ocupación urgente por la necesidad de finalizar las obras al ser una carretera de interés regional y por mejorar la conectividad tras lo ocurrido con la erupción.
En el caso de la primera modificación, la ocupación fue por condiciones de seguridad ante las escorrentías y problemas derivados de los incendios de 2009, 2016 y 2017 o la seguridad por los desprendimientos.