El Gobierno de Canarias ha remitido al Parlamento de Canarias un nuevo plan de apoyo al emprendimiento para los próximos cuatro años de 1.674 millones de euros. La Cámara deberá ahora debatir la aprobación o no de este nuevo plan, que estaba pendiente desde 2014, tal y como ha explicado este jueves el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera.
El Consejo de Gobierno ha aprobado trasladar al Legislativo canario para su debate este plan que apuesta por colectivos de mujeres y jóvenes y por la economía social, además de la digitalización y la sostenibilidad, a través de un total de 77 medidas concretas, según han informado. El viceconsejero ha destacado que este plan “va a ser un instrumento que permita avanzar en una parte importante de la recuperación económica y de la generación de valor como es la parte del emprendimiento”.
Los ejes que conforman el documento son el fomento de la cultura emprendedora, capacitación de las personas emprendedoras, mejora del acceso a la financiación y al mercado, mejora de la gestión de procesos y ayudas públicas, desarrollo del ecosistema emprendedor, y medidas para la recuperación en contextos de alta incertidumbre.
Elaboración del plan
Para todo este desarrollo se quieren poner en marcha casi 1.700 millones de euros a través de la ficha financiera cuatrienal del Plan de Apoyo al Emprendimiento 2021-2024. Según ha defendido el Gobierno canario esta propuesta viene del esfuerzo conjunto de diferentes áreas del Ejecutivo regional. La Consejería de Economía trasladó al final de mayo el documento para el posterior informe preceptivo por parte del Consejo de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias, con pronunciamiento favorable.
Según informa el Gobierno, este Consejo ya aprobó por unanimidad en abril del pasado año una versión inicial del actual plan, que desde entonces se sometió al trámite legal de consulta pública, a diferentes informes de varios departamentos de la administración autonómica y al necesario dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias.
Con el apoyo de diferentes agentes sociales y económicos de las Islas se inició también la elaboración del nuevo documento mediante un proceso colectivo a mitad de 2020, con la constitución de un grupo de trabajo. En ese grupo participaron las consejerías de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y Turismo, Industria y Comercio; Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y La Laguna (ULL), Unión General de Trabajadores de Canarias (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), confederaciones de empresarios (CCE y CEOE-Tenerife), Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y las cámaras de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, además de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (Adeican), la Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Socio-Laboral Anagos y la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) Canarias.
Tras la remisión del Ejecutivo canario al Parlamento de Canarias, comenzará ahora su debate político y la eventual aprobación como último trámite de un "documento pionero en el Archipiélago".