El Gobierno de Canarias pide la suspensión del proyecto para privatizar las torres de control

La Consejería de Transportes presenta alegaciones al proyecto de Orden para la selección de nuevos proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo que afecta a los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur

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El problema de la privatización de las torres de control: abusos laborales y mala gestión
El problema de la privatización de las torres de control: abusos laborales y mala gestión

El Gobierno de Canarias ha presentado alegaciones al proyecto de Orden de la Dirección General de Aviación Civil que propone privatizar los servicios de control de tránsito aéreo de los principales aeropuertos canarios, pidiendo la suspensión de la tramitación. Este proyecto pretende seleccionar nuevos proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo de siete aeródromos de toda España entre los que se encuentran los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur, los de más tránsito en la Comunidad Autónoma con más de 1.331.000 viajeros el pasado mes de enero, el 70% de los pasajeros de todos los aeropuertos canarios.

La Consejería de Transportes recuerda que, según el artículo 161.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la participación en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general en los términos que determine la normativa estatal, por tratarse de redes esenciales para la conexión del territorio como región ultraperiférica. Por ello, "y porque la externalización de los servicios de control de tránsito aéreo puede tener una gran incidencia en la seguridad y conectividad con las Islas Canarias y la movilidad entre las islas, es por lo que la Consejería ha considerado necesario solicitar la paralización de este proceso de privatización", ha explicado en un comunicado. 

La privatización del control aéreo

El Ministerio de Transportes ya confirmó sus planes para privatizar la gestión de las torres de control de los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte-La Laguna, los únicos de las islas que se mantenían ese servicio bajo un modelo de gestión pública. En un comunicado, el Ministerio explica que ha publicado el proyecto en su página web y ha habilitado un plazo de 20 días hábiles para que los ciudadanos, organizaciones y resto de agentes sociales presenten alegaciones y comentarios al texto con el que busca "continuar con la apertura del servicio de control aéreo a proveedores privados, tal y como ha solicitado el gestor aeroportuario".

Recuerda que se trata de una medida "reclamada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en diversas ocasiones, y recomendada por la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia". En este proceso, Aena podrá licitar los servicios de tránsito aéreo de las torres de los siguiente aeropuertos: Bilbao, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Santiago-Rosalía de Castro, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y Tenerife Sur.

"El objetivo es mejorar la competitividad de nuestros aeropuertos, manteniendo unos niveles óptimos de calidad y seguridad y, en última instancia, beneficiar a los usuarios del transporte aéreo", añade el Ministerio. Desde hace tiempo, ya tienen gestión privada las torres de control de los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro.

Disconformidad del Gobierno de Canarias

"Deseamos manifestar nuestra disconformidad al proceso de liberalización de los servicios de control de tránsito aéreo en los aeropuertos de Canarias y ello en aras a los principios de seguridad y calidad del servicio y proponemos la suspensión de la tramitación del proyecto de orden”, solicita la alegación presentada. En estas queda de manifiesto la petición del Gobierno de Canarias por mantener el control público sobre las torres de estos tres aeropuertos. “En consecuencia, desde el Gobierno de Canarias no somos partidarios de unos servicios de control de tránsito aéreo fraccionados y privatizados, sino de unos servicios de interés general bajo gestión púbica y eficiente, para que siga contribuyendo de manera decisiva a los propósitos comunes de crecimiento económico y seguridad de las operaciones”, manifiesta la alegación.

El Gobierno canario apuesta por mantener al ente público ENAIRE, adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al frente de los centros de control del tránsito aéreo de los tres aeropuertos canarios afectados. “Los niveles de calidad y seguridad en el tráfico aéreo en los aeropuertos de Tenerife y Gran Canaria quedan enormemente asegurados con la gestión que hasta momento está realizando ENAIRE sin que se hayan producido problemas de seguridad o afecten a la calidad de los servicios”, recoge la alegación.