La sentencia que anula la adjudicación de la obra para cerrar el Anillo Insular de Tenerife entre Santiago del Teide y El Tanque ya es firme. Así consta en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), fechado el 19 de junio —el miércoles pasado—, después de que la parte demandada, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno autonómico, optara por no presentar un recurso en el plazo establecido —de 30 días— contra el primer fallo judicial dictado el 14 de marzo. En paralelo a esta medida, el mismo área del Ejecutivo regional, bajo la dirección de Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), mantiene conversaciones con todas las empresas implicadas para llegar a un acuerdo extraprocesal que minimice el impacto económico de la resolución procesal en las arcas de la comunidad autónoma.
La primera sentencia, la del 14 de marzo, anuló la adjudicación del cierre del Anillo Insular de Tenerife a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), El Silbo Construcciones y Obras y Syocsa-Inarsa. Esa concesión fue adoptada por el anterior Gobierno regional —con Sebastián Franquis (PSOE) al frente de Obras Públicas— tras revocar un dictamen de la Mesa de Contratación de la propia consejería, que previamente había asignado el proyecto a la UTE compuesta por Obrascon Huarte Lain (OHL), Obrascon, Excavaciones Bahíllo y Asfaltos Bahíllo.
Afea la decisión de Franquis
El equipo de Franquis, apoyado en un informe del Tribunal de Contratos —organismo regional dependiente de la Consejería de Hacienda (entonces bajo control de Nueva Canarias)— consideró que la oferta de OHL incurría en varios incumplimientos —diferencias salariales, la jornada máxima de aplicación o el coste de cotizaciones a la Seguridad Social— pese a que otras memorias elaboradas dentro de la propia Consejería de Obras Públicas validaban la primera adjudicación determinada por la Mesa de Contratación, que calificó con 95,90 puntos la propuesta de OHL y con 92,40 a la liderada por FCC.
El auto del TSJC del 14 de marzo afea la gestión de Franquis. Así, el documento apunta que su decisión se sustenta, entre otras cuestiones, en un informe del órgano de contratación que "incurre en errores". "No ha quedado acreditado", prosigue, "tal incumplimiento de la normativa laboral en materia de retribución de los trabajadores, cotizaciones a la Seguridad Social o régimen de seguridad y salud en el trabajo". En base a eso, la sentencia determina que la UTE capitaneada por OHL pasa a ser la adjudicataria al ratificar la Sala la orden que precisamente firmó Pablo Rodríguez, como consejero de Obras Públicas de un gobierno en funciones, el 4 de junio de 2019.
Adjudicada una oferta más cara
Todo eso ha quedado ahora ratificado de manera firme al no presentar un recurso Obras Públicas. "Se declara la firmeza de la sentencia de fecha 14 de marzo de 2024, con efectos desde la fecha en que conste haber transcurrido el plazo de treinta días para preparar el recurso de casación", se puede leer en la parte dispositiva de una sentencia que, en sus fundamentos de Derecho, explica el Artículo 89.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA): "Si no se presenta el escrito de preparación en el plazo de treinta días, la sentencia o auto queda firme, declarado mediante decreto por el Letrado de la Administración de Justicia". Contra este dictamen cabía recurso en un plazo de cinco días que, justo, expiraba este mismo lunes.
El objetivo ahora de Pablo Rodríguez, como ya anunció en el Parlamento a preguntas del Grupo Nacionalista y el Grupo Popular el 9 de abril, es evitar retrasos en la ejecución de la obra" y "miniminzar el impacto de una posible indemnización" derivada de la sentencia del TSJC, para lo que ese día abrió la posibilidad de "buscar vías de negociación extraprocesales". Según pudo saber este periódico este lunes, esa hoja de ruta se mantiene en el Ejecutivo regional.
La obra salió a licitación por 311.682.321,60 euros. FCC la ejecuta desde noviembre de 2019 por 240.370.796 euros, aunque su coste hoy se eleva a 263,5 millones por el ajuste de precios. La oferta de OHL se firmó ya como contrato concesionario el 4 de junio por 213.491.998,19 euros —26,8 millones más barata—.