Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción del Gobierno de Canarias, ha respondido al último movimiento del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la situación similar del municipio de Mogán y las acciones que han llevado a cabo para evitar las sanciones a los vecinos que no explotan las viviendas turísticas y les dan un uso residencial.
Según Rodríguez, la situación de las zonas turísticas “solo puede terminar en la especialización, no en lo contrario”. “No tengo dudas de que el Estado de Derecho y el interés general triunfarán, porque el principio de especialización es un pilar del modelo turístico canario, y quien lo quiera cambiar tiene que hacerlo a través de una reforma legal en el Parlamento de Canarias”, señaló el alto cargo del Gobierno autonómico durante su intervención en las jornadas sobre áreas turísticas de la Universidad de Verano de Maspalomas.
Las multas en San Bartolomé
El pasado jueves, 27 de junio, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó en el pleno la “declaración extraordinaria y de urgente necesidad pública” para la tramitación y aprobación de una ordenanza provisional municipal que permita compatibilizar el uso residencial y el turístico en el municipio.
El objetivo era dar respuesta a las personas multadas por no ceder sus apartamentos a un explotador turístico y querer residir en ellos. Esas sanciones se han paralizado pero el Gobierno de Canarias ha dejado la pelota en el tejado de los ayuntamientos y ha dado un plazo para regularlo en sus ordenanzas municipales.
Debate sobre la ordenación del suelo
Carmelo León, director del Instituto de Turismo y Desarrollo Sostenible (Tides), dependiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha asegurado que “el proceso de residencialización supone la pérdida anual de 3.586 millones de euros de facturación, con 943 millones de merma en la recaudación fiscal y la pérdida de 88.000 puestos de trabajo”, destacó el economista, “debido a que el impacto económico del uso turístico y residencial es muy diferente, y lo mismo se puede decir de su incidencia en el empleo”, añadió.
En la misma línea, Pedro Pablo Monzón, arquitecto y director técnico de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria, señaló que la residencialización “supone una pérdida en la renovación de las parcelas turísticas, lo que va en contra de la calidad de la oferta. Y en general la compatibilidad de usos supone una pérdida de la calidad de vida, tanto para los residentes como para los visitantes. Además, genera un efecto contagio que se extiende a los complejos colindantes”.
La ciudad turística
Según Monzón, la ciudad turística “no está pensada para la ciudad convencional, carece de los equipamientos y servicios más complejos que son propios del uso residencial”.
También destacó que los ayuntamientos canarios no han cumplido con la especialización de usos a la que les obliga la legislación autonómica, y puso como ejemplo al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que defiende la segregación entre los usos turísticos y residenciales, mientras que los usos mixtos están expresamente prohibidos.
Preguntado sobre la situación de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, consideró necesario abordar la especialización y estimó que la ordenanza impulsada por el grupo de gobierno del municipio tirajanero “es contraria a la legalidad, tanto insular como autonómica”. “En realidad, es un sucedáneo al trabajo que en realidad debe realizar el Ayuntamiento, que es la especialización de usos”, afirmó el experto.
Contra la ley
Rosa Martínez, directora del Departamento de Derecho Público y Urbanismo del bufete Montero y Aramburu, dejó claro que el proceso de residencialización de inmuebles turísticos “se ha producido en contra de la ley, porque el legislador autonómico ha considerado por principio que el criterio general es la incompatibilidad entre el uso turístico y el uso residencial”.
Para afrontar la actual realidad, la jurista abogó por “promover la especialización de usos, pero no la compatibilidad automática, tal y como plantea la ordenanza provisional impulsada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que parece concebida para eludir la acción inspectora de otra administración, en este caso el Gobierno de Canarias”. Respecto al futuro, Martínez subrayó que es posible cambiar el modelo “cambiando las leyes, pero evaluando las consecuencias, porque el modelo turístico canario ha sido un éxito y eso incluye a la unidad de explotación, que está vigente en todas las comunidades autónomas y busca que el turista alojado en un establecimiento tenga un solo interlocutor”, afirmó.
Plazas hoteleras
Moisés Simancas, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, señaló que en la actualidad “el 13% de la población canaria reside en el 2% del territorio, es decir, en los espacios turísticos litorales de las Islas. Por tanto, una cosa es lo que dicen las leyes y otra la realidad”. Subrayó que el legislador autonómico “ha buscado la zonificación desde la Ley de Directrices de 2003, pero entre 2009 y 2023 se han perdido 100.000 plazas extrahoteleras en Canarias, por el alquiler vacacional y la residencialización”. “Las zonas turísticas no son ciudades, pero en la actualidad en ellas conviven visitantes con residentes por ocio o por trabajo”, afirmó el geógrafo, quien se mostró “más partidario de regular que de prohibir para abordar esta situación”.
Finalmente, Rosa Rodríguez, coordinadora de informes en el Colegio de Economistas de Las Palmas, puso el acento en la situación del mercado de la vivienda en las Islas, al señalar que en Canarias “hay 35.000 demandantes de vivienda, el 53% de ellos en Tenerife, pero hay 30.000 viviendas sin vender y 200.000 vacías”. Criticó que las administraciones “a veces van cada una por su lado, y esto dificulta resolver los problemas”, poniendo como ejemplo la existencia de 13 normas vigentes que tienen que ver con el turismo. “Cada isla es diferente y no podemos tomar decisiones comunes; Gran Canaria ha perdido turistas por haber perdido oferta, mientras que Tenerife los ha ganado”, afirmó.