La normativa de ahorro energético aprobada a principios de agosto daba a los comercios hasta el 30 de septiembre para instalar puertas automáticas. A pesar ello, la Confederación Española de Comercio estima que solo un 10% de los establecimientos. Además, la instalación de estas puertas supone un gasto que va desde los 2.000 y sobrepasando los 8.000 euros, según Fauca.
En este sentido, la medida contempla que los comercios que estén a pie de calle deben disponer este sistema de autocierre. A pesar de que algunos grandes negocios sí cuentan con este sistema, los comercios pequeños son los que se están viendo más afectados ante un gasto de este calibre, por lo que se ha pedido una moratoria de tres meses para poder adaptarse a una norma que tiene fin el ahorro de energía.
Gasto medio superior a 4.000 euros
Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), comenta a este diario que dependiendo de las dimensiones del establecimiento se habla desde los 2.000 hasta 8.000 euros en función del ancho y el tipo de puerta que se va a instalar.
Por su parte, desde la empresa de puertas automáticas Disan S.A aseguran a Atlántico Hoy que se ha notado un incremento, aunque no exagerado, sobre todo en comercios que poseen la necesidad de tener aire acondicionado en sus locales. También se ha notado en gran medida en empresas interesadas en la reparación o sustitución de estas. En cuanto al presupuesto, desde la empresa explican -al igual que Fauca- que todo depende de las dimensiones y adaptarse al hueco, pero de forma general pueden rondar cifras superiores a los 4.000 euros.
Asimismo, la empresa apunta a que se han tenido que adaptar al crecimiento de los costes en el transporte y de los contenedores. ''Quizás si se hubiesen mantenido los precios tendríamos mayor demanda de la que hay, aunque también se han dado casos en los que aceptan el presupuesto por miedo a que los precios suban'', aseguran.
Incertidumbre en el sector
La situación actual de los comercios es de incertidumbre. Las últimas informaciones apuntaban a que el Gobierno central podría brindar a las comunidades una ayuda de 100 millones de euros para compensar los gastos, aunque por ahora desde el Gobierno de Canarias señalan que no tienen ningún tipo de información al respecto.
En cuanto al decreto, Moujir destaca que ahora es posible que se vaya a tramitar como proyecto de Ley, por lo que puede haber modificaciones. ''Creemos que el Gobierno no ha actuado porque habrá algún tipo de modificación. Hemos pedido una moratoria de tres meses a través de la Confederación Española de Comercio, y estamos pendientes de que contesten''.