Después de dejar atrás la pandemia provocada por el covid y regatear la amenaza de una recesión, Canarias se vuelve a adentrar en territorio peligroso: la inflación va a doler más en 2023 que en 2022, los bancos centrales responderán –mucho me temo– con la histeria por bandera y todo eso provocará que el poder adquisitivo de los salarios baje. En un contexto así, las empresas –y en definitiva las personas– de las Islas no se pueden permitir el lujo de tropezar con la burocracia para acceder a los Fondos Next Generation –plan de recuperación, transformación y resiliencia, con más de 140.000 millones de euros, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española–. El propio Gobierno regional ha admitido que no ha alcanzado la velocidad adecuada para el reparto del dinero por falta de personal. No es posible que una región con los índices de paro más altos de la Unión Europea (UE), la administración sea incapaz de poner en circulación ayudas que servirán precidamente para generar empleo. El dinero no está llegando a donde tiene que llegar y eso es injustificable. La patronal avisa. Las Cámaras de Comercio ofrecen su ayuda. Y la población espera oportunidades. Los Fondos Next Generation no pueden ser un problema.