La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas juzga este viernes a una serie de empresarios que facturaron en 2011 un millón de euros vendiendo a barcos que recalaban en el puerto de la capital grancanaria más de 217 toneladas de gas R22, amparándose en 82 licencias que la empresa de Zaragoza Solquimia Iberia solicitaba a petición de las compañías canarias Sernamol y Canary Chandler.
Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, el fiscal solicita condenas de hasta tres años de cárcel para seis empresarios y empleados de sociedades consignatarias a los que acusa de haber montado en el puerto de Las Palmas una presunta red de tráfico clandestino de un gas refrigerante fluorado, el R22, sujeto a estrictos controles de la Comisión Europea por el daño que ocasiona a la capa de ozono. De todas formas, la Audiencia de Las Palmas ha citado a las acusaciones y las defensas para examinar una posible condena de conformidad.
Gas R22
El comercio del gas R22 es legal, pero está sujeto a un estricto control por parte de la Comisión Europea por su grave impacto sobre el medio ambiente (contribuye a destruir la capa de ozono de la atmósfera), que lleva a que se fiscalice su origen, su uso, su trazabilidad y todos los datos del barco que lo recibe.
Según el Ministerio Fiscal, en la fecha a la que se remontan los hechos, el puerto de Las Palmas de Gran Canaria se había convertido en uno de los principales puntos de importación en España de gas R22, como se conoce al refrigerante HCFC clorodifluorometano.
Barcos que operan en el Atlántico
Y sus muelles eran, de paso, uno de los lugares de referencia para el suministro de ese refrigerante a pesqueros que operan en el Atlántico bajo bandera de países no pertenecientes a la Unión Europea, pero firmantes del protocolo de Montreal de 1987 por el que tomaron medidas de protección de la capa de ozono.
La Fiscalía sostiene que las seis personas y las cinco empresas acusadas en este proceso falseaban sistemáticamente los datos que facilitaban a la Comisión Europea para obtener las autorizaciones sin las cuales no podían vender ese gas a buques no comunitarios en Las Palmas (una operación que legalmente se considera una exportación).
Mercado negro
“Los acusados Víctor H.G.S.G y Alonso M. O. guiados con un ánimo de ilícito enriquecimiento, han ejecutado a lo largo del año 2011 y 2012, operaciones ilícitas y clandestinas de exportación de gas r-22 virgen, así como, una distribución interior en el Puerto de Las Palmas de un auténtico ‘mercado negro’ de la sustancia destructora de ozono R-22 Virgen”, asegura la Fiscalía en su escrito.
La acusación mantiene que en ese 'mercado negro' de gases refrigerantes dañinos para la capa de ozono colaboraban de forma activa tres compañías consignatarias que también figuran como acusadas en este proceso: China National Fishery Compay (CNFC), Baltic Atlantic Shipping y Seagroup SL.
A todos ellos, tanto personas como empresas, la Fiscalía les imputa un presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de riesgo catastrófico provocado por explosivos y otros agentes, en este caso gases fluorados dañinos para la capa de ozono de la atmósfera.
Tres años de cárcel
Con esos cargos, pide tres años de cárcel y 25.920 euros de multa para Víctor Hugo G.S.G., Alonso M.O., Koval K. y Valery M.; dos años y cuatro meses de cárcel y 21.600 euros de multa para Rafael D.F.; y dos años de cárcel y 8.640 euros de multa para Vladislav D.
En cuanto a las cinco empresas señaladas como responsables de los mismos delitos, demanda que se les imponga una multa de 43.200 euros a cada una y que se les prohíba realizar ninguna actividad de comercialización, transporte, exportación, importación de hidrocarburos halogenados durante ocho años, en unos casos, y durante diez, en otros.