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Economía

FECAM y las patronales de la construcción buscan soluciones a la subida de precios en el sector

La Presidenta de la FECAM y el vicepresidente, Óscar Hernández, se comprometieron a llevar a cabo un diagnóstico de la capacidad de los ayuntamientos para afrontar esta situación

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Reunión de la FECAM con las patronales de la construcción./

La presidenta de la Federación Canarias de Municipios (FECAM), Mari Brito, se reunió esta semana con representantes de las patronales canarias con el fin de abordar la problemática que supone para el sector de la construcción y para las administraciones públicas la subida de precios en el contexto económico derivado del conflicto bélico en Ucrania.

En este marco se trató, junto a María Salud Gil, presidenta de la Patronal de la Construcción de Las Palmas – AECO y Óscar Izquierdo, presidente de la Patronal de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife - FEPECO, el impacto que supone el incremento de precios tanto en las licitaciones públicas ya en trámite como en las futuras.    

La Presidenta de la FECAM y el vicepresidente, Óscar Hernández, se comprometieron a llevar a cabo un diagnóstico de la capacidad de los ayuntamientos para afrontar esta situación, y, a su vez, elaborar un dictamen que sirva de guía para los propios ayuntamientos en el que se incluya una serie de recomendaciones que coadyuven a la gestión en cada caso.

Preocupación de las patronales

Por su parte, los representantes de las patronales mostraron su preocupación y agradecieron la buena predisposición de la FECAM para tratar esta situación extraordinaria que requiere atención inmediata.

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado mes de abril el acuerdo de aplicación en el Archipiélago de las medidas para la revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público, contenidas en dos reales decretos leyes aprobados por el Gobierno de España el mes anterior.

El Ejecutivo autonómico aplica de esta manera en las Islas las normas aprobadas por el Gobierno de España para paliar el impacto de la inflación en los contratistas del sector público. Según este decreto, la cuantía de la revisión de precios no podrá ser mayor al 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato.