A poco más de un mes para terminar el año las Comunidades Autónomas están teniendo grandes dificultades para repartir los 7.000 millones que el Gobierno de España les destinó para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19.
La excepción la encontramos en Canarias, región que, junto a Baleares, será la única que será capaz de adjudicar la totalidad de la partida comprometida de los Fondos de Solvencia Económica, que en el caso de nuestro Archipiélago asciende a 1.144 millones de euros frente a los 856 dedicados a las Islas Baleares.
Según afirman fuentes de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a mediados de diciembre se terminará de conferir la partida recibida, lo cual ha sido recibido con regocijo por parte de las asociaciones de pymes y autónomos del Archipiélago.
El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Canarias y vicesecretario general de España, César García Arnal, ha afirmado a Atlántico Hoy que esto ha sido posible, en gran medida, gracias a que “en Canarias se ha escuchado a las asociaciones de autónomos y empresariales a la hora de redactar las convocatorias”, las cuales “suelen ser demasiado duras y estrechas”, para lo cual es conveniente “suavizarlas” para que todos puedan llegar a ellas.
Subida de cantidades máximas
Poco después de que se presentará el Real Decreto que daba pie a estas ayudas el Gobierno de Canarias hizo extensivas las ayudas a empresas o autónomos cuya caída de la facturación de 2020 superase el 30%, algo que, según César García, “no se contemplaba en el escrito original” y que ha mermado la capacidad de otras comunidades para acceder a las ayudas.
Ademas, Canarias pidió al Ministerio que las cantidades máximas pudieran ser mucho más altas que las que se pedían en el Real Decreto, porque, según el secretario general de UPTA Canarias, “el tejido empresarial del Archipiélago depende mucho del turismo y los hoteles, y con unas cantidades de 200.000 euros por empresa no se solventaba ninguna de las situaciones”.
Gracias a ello el Archipiélago ha podido dar hasta 5 millones por empresa, “una inyección muy bien repartida en relación al tamaño y las deudas que podía tener cada una de las empresas”.
Considera García Arnal que esto "no es baladí" porque la mayoría de ese dinero ha tenido que ir destinado a pagar deudas, e incluso el dinero que ha ido a parar a las empresas más grandes, como las cadenas hoteleras, después ha rebotado en las pequeñas, que eran las que soportaban las deudas de las grandes".
Gastos fijos incurridos
Por otra parte, Canarias fue una de las primeras comunidades, junto a Baleares y la Comunidad Valenciana, que estableció la posibilidad de que los autónomos pudieran solicitar ayudas por los gastos fijos incurridos, lo cual ha permitido que aquellos autónomos que no arrastraban deudas porque habían cumplido con sus obligaciones de pago pudieran ser beneficiarios de las ayudas igualmente.
“Algo que no se contemplaba tal y como estaba redactado el Real Decreto”, como afirma García Arnal, y que llevó a una modificación “tardía” por parte del Ministerio en octubre, cuando el Real Decreto se publicó en mayo.
Ampliación de CNAE
Para el vicesecretario general de UPTA, Canarias acertó ampliando a todas las actividades que se encontraban dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), más de 500, muy lejos de las 95 que se establecían dentro del Real Decreto.
Por ello afirma García Arnal que la de Canarias “ha sido una ejecución ejemplar, y la prueba está en que una comunidad que no es la más grande ni la que mayor tejido empresarial tiene ha conseguido repartir los 1.144 millones que tenía consignados, lo que supone una inyección en la economía canaria que me atrevería a calificar de bestial”.
Comparativa autonómica
Considera el entrevistado que esto es algo que “no suele pasar. Castilla-La Mancha lo ha hecho muy bien, pero tenía mucho menos importe, también Madrid, pero aún así tendrán que devolver dinero”.
Según sus estimaciones, Andalucía se sitúa a la cola del reparto de los fondos, menos del 40% de los 1.109 millones de euros, lo que les llevaría a devolver “más de 600 millones de euros”. En el resto de CCAA los datos son similares, con cifras parecidas a la comunidad andaluza, como Galicia, que tendría que reintegrar unos 140 millones; Castilla y León, 180 millones; Valencia, cerca de los 300 millones; País Vasco, 150 millones, y Murcia sobrepasaría los 100 millones.
Según ATA, un fracaso
En esta línea, el presidente de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, calificó este lunes como un "fracaso" este plan de ayudas directas a empresas y autónomos puesto en marcha por el Gobierno, advirtiendo que, salvo Canarias y Baleares, se va a tener que devolver entre el 50% y el 60% de los fondos recibidos.
Amor ha denunciado que, obviando a Canarias y Baleares, "en el mejor de los casos" sólo el 20% de los autónomos han podido solicitar estas ayudas. "Esto se debe a que había que presentar gastos y hay muchas actividades de autónomos que no han trabajado, como guías turísticos, fisioterapeutas, psicólogos... Son actividades que no tienen gastos propios de la actividad".