El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado hoy que el Gobierno de España ha admitido la petición realizada por él mismo en noviembre pasado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para aplazar durante un año la puesta en marcha en el archipiélago de la Orden ICT 370/2021 que obliga a los vehículos de transporte terrestre de productos refrigerados someterse a un control técnico en una estación de ensayo especializada en túneles de frío que actualmente no existen en Canarias.
El Gobierno de España ha plasmado esta petición en una modificación a la Orden ICT 370/2021 que hoy mismo ha sacado a participación pública y en la que se recoge exactamente lo solicitado por el consejero Sebastián Franquis en la reunión que mantuvo el 30 de noviembre pasado con el director general de Industria del Gobierno de España, Galo Gutiérrez, es decir, el aplazamiento durante un año, una vez se apruebe definitivamente esta norma, de la obligación de pasar estos controles a los vehículos matriculados en el Archipiélago.
Ahorro para los transportistas
Esta excepción a la norma general ha sido solicitada por La Consejería de Transportes en consideración a que en el archipiélago no existen actualmente estaciones de ensayo con túneles de frío, lo que obliga a los transportistas de las islas a desplazarse hasta la península a pasar esas revisiones, con el consiguiente coste económico. Como explicó entonces el consejero Franquis al director general de Industria del Gobierno de España, el aplazamiento de esta aplicación de la norma en Canarias se solicita en base a que la Consejería tiene conocimiento de que ya hay varias empresas interesadas en instalar una de estas estaciones de ensayo en territorio canario y que estarían en funcionamiento en el plazo de un año.
Con esta ratificación por parte del Ministerio de Industria, el consejero Franquis cumple con una de las peticiones que le trasladó la Federación de Empresarios del Transporte (FET) en Canarias, con los que se comprometió a presentar ante el Gobierno de España esta solicitud de los profesionales canarios del sector. Según los datos suministrados por los propios transportistas a la Consejería, al existir estas instalaciones solo en península, el traslado del vehículo hasta allí, y la inspección, puede significar un coste medio de entre 8.000 y 10.000 euros.