El Gobierno de España, a través de un informe titulado Componente 23 —documento que va empaquetado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia—, cuestiona la eficacia de los cursos de formación para desempleados y trabajadores que financian las administraciones públicas en todo el Estado.
La memoria, en su página 15, apunta que "a pesar de la importante inversión en este terreno, hasta la fecha las políticas activas de empleo no han sido eficaces para reducir el paro de larga duración y garantizar la inserción y orientación profesional de las personas trabajadoras".
¿Qué datos maneja Canarias?
La conclusión del expediente describe un marco en el que encaja la realidad de Canarias, comunidad autónoma que durante las últimas décadas ha dispuesto generosos recursos para cursos de formación, pero donde las altas tasas de desempleo se han convertido en un problema crónico.
La cifra de paro registrado en Canarias es de 167.468 personas —para una tasa de desempleo que supera el 16%, la segunda más alta de todo el país—. En el caso de los jóvenes de las Islas, el porcentaje ronda el 30%. Esas cifras, estancadas durante décadas, chocan con la inversión realizada por el Servicio Canario de Empleo en formación.
¿Cuál ha sido la inversión en las Islas?
El ente, dependiente en el anterior Gobierno de Canarias de la Consejería de Economía y Empleo, adjudicó en diciembre de 2022 cerca de 60 millones de euros, una cantidad que —según se anunció entonces— formaría a 28.000 personas a través de 1.479 cursos. Sólo en la pasada legislatura, la inversión para la formación de personas sin empleo alcanzó los 217 millones.
El informe Componente 23 también subraya, en su página 18, que "las figuras formativas no son suficientemente eficaces para el objetivo de tránsito e incorporación al mercado laboral. Es, por tanto, necesario reformar el sistema de políticas activas de empleo para asegurar un mayor impacto en el proceso de mejora de la cualificación profesional".
Propuestas
Para paliar esa sustantividad marcada por la ineficacia, el análisis del Gobierno de España recopila siete puntos en los que destacan la modernización y refuerzo de la formación para el empleo; la promoción de las ventanillas de empleo específicas para jóvenes; el reforzamiento de los programas de recualificación y ayuda a los trabajadores mayores; la mejora de las herramientas de los Servicios Públicos de Empleo; la coordinación territorial; más coordinación entre las áreas de empleo y servicios sociales; y una mejor colaboración con el sector privado, y una mayor supervisión y control de este último en su condición de colaborador del sistema público.