Las diez estaciones de ITV que quedan en régimen de concesión en Canarias se venderán para ser completamente privadas, como tarde, en noviembre. Así lo ha confirmado el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, que afirmó en el Parlamento que siete de ellas ya cuentan con una nueva tasación tras haberse rechazado la anterior propuesta.
Francisco Déniz, diputado de Podemos, es quien solicitó la comparecencia de Rodríguez en el Parlamento para aclarar el "estado de los procedimientos para la venta de las estaciones de ITV tras los problemas en las tasaciones realizadas anteriormente". Déniz explica a Atlántico Hoy que el plazo de concesión de las estaciones a las empresas concesionarias expiró en 2019 y en 2021 se modificó la ley de régimen jurídico de la Inspección Técnica de Vehículos en Canarias para regular cómo tenía que ser ese traspaso.
La primera tasación se rechazó
Las diez estaciones con la concesión caducada, operadas por Applus y SGS, lo hacen desde 2019 "en funciones" hasta que se resuelva la transición. Estas se dividieron en dos lotes, dado que son dos las empresas concesionarias del servicio, y se tasaron para ser vendidas, pero ni Applus ni SGS aceptaron el precio de tasación.
"La primera tasación que se hizo la rechazaron las empresas. Les parecía muy caro. También hay otro problema y es que hay tres estaciones en suelo público de ayuntamientos que en su día se lo cedieron al Gobierno de Canarias. En el lote no se puede poner el precio de este suelo [público] pero, incluso en las otras en las que el suelo sí es del Gobierno, las empresas dijeron que les parecía muy caro. Querían sólo la estación, no los aparcamientos ni los solares", explica Déniz, que añade que las concesionarias también quieren "que se desagregue el lote para que haya más empresas sueltas que puedan acceder a su compra para abaratar los precios".
Los trabajadores están protegidos
Román Rodríguez expuso este martes que siete de las diez ya están tasadas, aunque el diputado de Podemos expresa sus dudas respecto a otros aspectos. "No queda claro si finalmente son dos lotes o va a haber más", explica Déniz a Atlántico Hoy. "En todo caso, luego habría una tercera fase en la que se tienen que vender las estaciones y, entonces, ya no tendrán preferencia en la compra Applus y SGS. Si salen a la venta, cualquier empresa puede acceder a la compra. De todos modos, la empresa que sea que las compre tiene la obligación de subrogar a los trabajadores", añade el diputado.
La actual ley obliga a las empresas que compren las estaciones a subrogar a los trabajadores, pero aun así el comité de empresa tiene reticencias. "Lo que están planteando es que no puede ser tampoco es que el Gobierno malvenda sus propiedades", explica Déniz.
Román Rodríguez zanjó el asunto en sede parlamentaria explicando que, de no aceptar las empresas la actual tasación, el Gobierno aplicaría la ley. Es decir, las sacaría a la venta en noviembre. Antes de ello, el Ejecutivo de Torres tendrá que resolver los problemas generados por la propiedad pública del suelo en tres de ellas, que están "alquiladas o en precario", según el vicepresidente, y de las cuales una tiene "un lío judicial".