NI Mario Ruivo. Así se llama el barco de bandera portuguesa que generó confusión el pasado mes de junio después de que, como publicó Atlántico Hoy, estuviera fondeando a 460 kilómetros de Canarias. El buque, destinado a la investigación oceanográfica, buscaba tierras raras en el monte Tropic —al sur del Archipiélago—. Ahora, el Gobierno de España justifica la presencia de la nave con normativa establecida por las Naciones Unidas (ONU) como argumento.
La información ha sido facilitada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de una respuesta parlamentaria dirigida a los seis diputados del Partido Popular (PP) por las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife —Jimena Delgado, Juan Antonio Rojas, Laura Lima, Asier Antona, Guillermo Mariscal y Carlos Sánchez—. En el texto remitido al Gobierno central para obtener contestación redactaron hasta siete preguntas el pasado 4 de julio con las inquietudes que les había generado el barco portugués.
Las preguntas
“¿Cuándo ha autorizado el Gobierno de España este despliegue en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) al sur de Canarias? ¿Cuáles serían en su caso el alcance, desarrollo y términos precisos de una hipotética autorización? ¿Cuál sería el límite temporal comprendido para dicha autorización?”, plantearon los populares. En realidad, de manera directa, la respuesta no se ajusta a ninguna de las preguntas concretas, sino que se limita a hacer, en un breve párrafo, una valoración en términos generales.
El Ejecutivo estatal se limitó a decir que autoriza los trabajos de investigación oceanográfica siempre que esté de conformidad con la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como con los convenios internacionales que le sean de aplicación y la regulación nacional pertinente. Siempre, eso sí, “con la obligación de información pertinente que deberá proporcionar a las autoridades nacionales y autonómicas tanto antes de su campaña como después”.
Intereses estratégicos
“Y siempre velando”, expone, “por los intereses estratégicos y los de todos sus ciudadanos y ciudadanas, en coordinación con las autoridades autonómicas correspondientes”. Unas palabras abstractas para hacer frente a otras preguntas como, por ejemplo, cuál sería la finalidad de la operación y en qué aspectos beneficiaría a España, si el buque realiza su actividad directamente para el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera o si pudo ser contratado por terceros.
“¿Ha informado el Gobierno presidido por Pedro Sánchez del curso de esta operación y de las posibles repercusiones de la misma para los intereses generales del archipiélago canario al ejecutivo autonómico?”, cuestionan por último los populares. Quisieron hacer la consulta después de que en aquellos días trascendiera el tema “en diversos medios de comunicación”.
Zona Económica Exclusiva
El planteamiento del posible contrato a través de terceros es llamativo porque el pasado 15 de junio, en su camino hacia el monte Tropic, el barco hizo escala en la isla portuguesa de Madeira, donde cambió de tripulación. Por aquel entonces, el periódico Vozpópuli informaba de la posibilidad de que otras partes se hicieran con la propiedad del buque.
La zona lleva años estando en disputa entre España y Marruecos, por lo que la entrada de Portugal en el juego acabó siendo una sorpresa, aunque hasta el momento no se ha conocido nada más de los intereses lusos en esta investigación. Otro de los inconvenientes es que al ser una región submarina, no existe a día de hoy tecnología minera para extraer estos minerales a gran escala.
En cuanto a la soberanía de las aguas, el monte Tropic se encuentra fuera de la Zona Económica Exclusiva española y marroquí, aunque la fundamental está en tomar las medidas desde el Sáhara Occidental. España, a pesar de ser potencia descolonizadora nunca ha tenido una tutela efectiva de esas aguas. Nuestro país ya solicitó a la ONU una extensión de la plataforma de Canarias hasta las 350 millas náuticas (648 kilómetros).