Con la problemática de los pisos turísticos en pleno auge y diferentes comunidades tomando decisiones al respecto, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha informado de que el Gobierno estudia una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para regular este tipo de domicilios como una actividad económica más y con el objetivo, asimismo, de “empoderar” a las comunidades de vecinos y que participen de estas decisiones.
Rodríguez se reunirá esta tarde con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encuentro que dedicarán a apurar todo su margen de competencia valorando esta posible modificación de la ley considerando estas actividades como económicas y que se rijan como el resto de ellas, así como, cuando entren en conflicto estas actividades con el acceso a la vivienda, el Gobierno, los ayuntamientos y las comunidades prioricen siempre el derecho de acceso.
Precios muy altos y pocos alquileres
En una entrevista en Telecinco, añadió que las comunidades de propietarios tienen un papel crucial y deben participar en estas decisiones.
En este contexto, solicitó la implicación de todas las administraciones públicas para garantizar el derecho de acceso a una vivienda, señalando que el aumento de alojamientos turísticos está afectando negativamente este derecho, elevando los precios de los alquileres y reduciendo la oferta de alquileres residenciales.
Rodríguez hizo un llamado para que cada entidad cumpla con sus responsabilidades y celebró que algunos ayuntamientos ya estén tomando medidas, como el caso de Barcelona, que prohibirá estos alojamientos para priorizar el derecho a la vivienda sobre los intereses económicos y el sector turístico. También pidió a Madrid que intervenga en este asunto.
El derecho a vivienda
Explicó que el Ministerio ha analizado la jurisprudencia y la normativa europea, destacando que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea subrayó la "imperiosa" necesidad de intervenir cuando el derecho de acceso a una vivienda se ve comprometido.
En este ámbito, se implementó un reglamento para regular y establecer plataformas únicas de control en los estados miembros. España se adelantará en la implementación de esta plataforma para facilitar a los ayuntamientos y comunidades la lucha contra este fraude, que no es exclusivo de España.