Tras varios meses de esperas y retrasos, el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el Real Decreto con los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) relativo a cinco demarcaciones marinas, entre ellas la canaria, que permitirá desarrollar la energía eólica marina en las aguas del Archipiélago. El documento, cuyo marco temporal ocupa hasta 2027, sitúa en 561,87 kilómetros cuadrados el total de superficie marina en la que se podrá desarrollar esta tecnología.
El sureste de las islas de Tenerife y Gran Canaria y el este de Fuerteventura y Lanzarote son el emplazamiento en el que se podrán instalar los aerogeneradores, aunque por el momento la isla de Gran Canaria es no solo la que más avanzada está al respecto sino también la que más proyectos tiene como pretendientes.
Demarcaciones del POEM
Los POEM también establece otro tipo de demarcaciones del mar canario como las zonas de protección de biodiversidad, para la investigación y desarrollo, para la extracción de áridos destinados a la protección costera o para la seguridad de la navegación. Estas están recogidas como zonas de uso prioritario (ZUP), que son áreas específicas en las que se desarrollan usos de interés general actuales.
Por su parte, el documento también limita las zonas de alto potencial (ZAP) diseñado para atender a actividades sectoriales con proyección de futuro como el desarrollo del I+D+I, la acuicultura, la extracción de áridos destinados a la protección costera o la actividad portuaria. La energía eólica marina entra dentro de este último bloque.
En el mapa de la demarcación de Canarias también se considera la zona que ocupan varios montes submarinos al sur del Archipiélago, conocidos como las 'Abuelas de Canarias', como zona para la actividad portuaria.
Nivel nacional
El documento de los POEM limita, además de la canaria, las demarcaciones marinas noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y Alborán y levantino-balear.
En un comunicado desde el Ministerio para la Transición Ecológica destacan que los POEM deben garantizar la protección de los ecosistemas, hábitats y especies sensibles y vulnerables, incluidos los protegidos por normativa autonómica, nacional o supranacional. Son un instrumento de planificación que se renueva cada seis años, por lo que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027.