El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información de Canarias ha anunciado este lunes que en 2022 va a pedir a las entidades privadas que han recibido fondos públicos europeos vinculados a la crisis sanitaria del covid que den cuenta de su uso.
"Esta es una de las cuestiones nuevas en la que estamos trabajando", ha dicho el titular del Comisionado, Daniel Cerdán, en una comparecencia parlamentaria en la que ha presentado el informe de 2019 y el avance de los correspondientes a 2020 y 2021.
Hasta dos millones en ayudas
Cerdán ha avanzado algunas de las iniciativas previstas en 2022, entre ellas esa demanda a las entidades privadas para que detallen el uso de los fondos europeos sobre el covid.
"Son muchos fondos públicos provenientes de Europa", repartidos entre centenares de entidades, y algunas de esas subvenciones alcanzan cantidades tan significativas como dos millones de euros, por lo tanto "creemos que están obligados a informar más detenidamente sobre cómo los utilizan", expuso Cerdán en la comisión parlamentaria.
Suspensas en transparencia
Recordó que las entidades privadas que reciben más de 60.000 euros de subvención anual están obligadas a realizar la autoevaluación de transparencia, y precisó que en breve se publicarán las correspondientes a 2021 que son más de 3.000 en Canarias.
En 2020 fueron 706 las entidades privadas con una subvención pública anual superior a 60.000 euros, de las que el 82% cumplieron su obligación de presentar su declaración de transparencia, con una puntuación global de 4,83 puntos, muy inferior a la que consiguen las instituciones públicas que alcanzaron notas de 9,65 en el caso del Gobierno de Canarias, 9,45 en el de los cabildos y 8,61 en el de los ayuntamientos.
Reducción de quejas
Daniel Cerdán anunció también una nueva innovación en la labor del Comisionado de Transparencia para 2022, y es la monitorización del cumplimiento por parte de las administraciones públicas de aquellas reclamaciones que realizan los ciudadanos contra la opacidad de las administraciones y que son admitidas, y por tanto obligan a que se facilite la información reclamada.
Eso no siempre ocurre: en enero había 17 resoluciones favorables de quejas ciudadanas a las que las administraciones no habían dado respuesta, según reclamaciones de los afectados, y tras esa monitorización se ha conseguido reducir a seis.
Reclamaciones en el limbo
Pero eso son los casos en los que hay queja expresa de los ciudadanos por no haber recibido la contestación obligada. Además, hay al menos otras 153 reclamaciones favorables que las administraciones no han cumplido pero que quedan en el "limbo" porque el afectado no ha comunicado ese incumplimiento al Comisionado.
Con este programa de monitorización, se identifica en el plazo de tres meses cuáles son esos incumplimientos a la hora de facilitar la información tras una resolución a favor de los ciudadanos.
Silencio administrativo
De hecho, según explicó Daniel Cerdán, el 80% de las reclamaciones que llegan al Comisionado contra las instituciones no es porque se deniegue la información expresamente, sino porque no se contesta a las solicitudes de los ciudadanos, es decir, se aplica el "silencio administrativo".
En 2021, el Comisionado recibió 496 reclamaciones, de las cuales se admitieron 417 y de ellas el 75% fueron falladas a favor del ciudadano y el 6% desestimadas, mientras que el resto o bien el reclamante desistió o bien hubo pérdida del objeto de reclamación.
Elogios parlamentarios
Todos los grupos parlamentarios elogiaron la actuación del equipo integrante del Comisionado de Transparencia encabezado por Daniel Cerdán, cuya actividad en el último año evaluado, 2021, ha crecido en un 57%, incluida las 496 reclamaciones tramitadas, casi el doble que en 2020.
En total, el Comisionado contabilizó 5.030 expedientes y actividades principales en 2021, casi la mitad de las 10.357 que ha desarrollado desde la creación de la institución en 2015.