La Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), representantes del grupo RIU y de los dos principales sindicatos del Archipiélago han solicitado una reunión al Ministerio de Transición Ecológica para negociar sobre la situación del Oliva Beach de Fuerteventura y sus trabajadores.
En rueda de prensa se ha expuesto que el derrumbe y desaparición de este inmueble en el límite del Parque Natural de Dunas de Corralejo hará que desaparezcan unos 400 trabajos directos y que se vean afectados 600 indirectos. La excusa mayoritaria usada por la totalidad de los representantes de estas instituciones es que, como el hotel se construyó en los años 70, no se puede compatibilizar la realidad de aquel entonces con la nueva realidad porque cuando se construyó se hizo en condiciones de legalidad.
Decisión arbitraria
La responsable de la asesoría jurídica de la cadena hotelera en Canarias, Águeda Borges, ha asegurado ante los medios de comunicación que los tres informes —del Ministerio, del Consejo de Obras Públicas y del Consejo de Estado— han sido redactados “según los intereses del propio ministerio” y que, por lo tanto, la caducidad de la concesión ha sido “una decisión infundada, arbitraria, premeditada y abusiva”.
A su vez, el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, ha pedido que "la Administración resuelva el problema que afecta al hotel" y, consiguientemente, a sus trabajadores. De igual forma, el secretario general de Comisiones Obreras, Inocencio González Tosco, ha abogado por una mesa de diálogo que permita mantener la actividad turística y ha asegurado que su sindicato apoyará cualquier iniciativa en ese sentido.