Los siempre criticados tiempos de la administración pública están preocupando a los empresarios al respecto de la implantación de la Ley Canaria de Cambio Climático. Este 1 de abril, la norma entrará en vigor tras su aprobación el pasado diciembre por el Parlamento de Canarias y desde el sector empresarial critican que pese a que sus responsabilidades medioambientales aumentan con la ley, desde la administración no se están facilitando los mecanismos para su debida implantación. La consecuencia, auguran, es que el ambicioso reto de la descarbonización en 2040 no llegue.
Así lo han trasladado algunos empresarios y expertos en materia energética, económica y administrativa en la jornada La empresa ante la Ley de Cambio Climático organizada por la CEOE de Tenerife este miércoles. La sensación general es de una rapidez que no se corresponde con los tiempos habituales de la burocracia y con una carga de trabajo que se pone sobre las empresas pese a que todavía no están en marcha todos los mecanismos de la ley.
Obligaciones medioambientales
A partir de abril las empresas de transporte mercancías por carretera, los establecimientos hoteleros, extrahoteleros y equipamientos turísticos complementarios, las explotaciones agrícolas y ganaderas, las explotaciones y actividades pesqueras, las actividades industriales y comerciales y las actividades vinculadas a la gestión hídrica deberán elaborar un plan de transición energética para minimizar su huella de carbono hasta cero o negativa y adoptar medidas para ejecutarlo.
También se establecen una serie de medidas en base a su sector y tamaño como: introducir planes de movilidad sostenible para sus trabajadores, clientes y usuarios o reservar para uso exclusivo de vehículos de bajas o nulas emisiones un porcentaje adecuado y suficiente de plazas de aparcamiento. Por su parte, las empresas dedicadas a los rent a car también deberán renovar su flota de cara a 2038.
Dudas de implantación
Para que muchas de estas obligaciones empiecen a ser constitutivas de infracciones todavía quedan algunos años pero desde el sector empresarial denuncian que todavía hay muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué empresas concretas deberán elaborar los planes? Si se va al texto en muchos de los artículos relativos a las obligaciones redireccionan a lo establecido en la Estrategia Canaria de Acción Climática, pero esta todavía no ha sido aprobada.
La puesta en marcha de esta estrategia es relevante porque los tiempos que marca la ley están relacionados con ella. Es decir, una vez se apruebe la estrategia empezará la cuenta atrás para que las empresas, pero también las administraciones públicas, establezcan estos mecanismos marcados por la Ley de Cambio Climático.
Antes del comienzo de la jornada, el presidente de la patronal de empresarios, Pedro Alfonso, comentó que todavía tienen dudas al respecto de cómo se va a implementar la ley. “Los plazos van corriendo, cada día hay más responsabilidades en materia medioambientales, pero tampoco el Gobierno está dando los pasos para que los estamentos que tiene que crear estén en funcionamiento para asesorar para mejorar y para estar pendientes de todos los resultados”, destacó.
El problema de los tiempos
El debate no deja de reducirse a la capacidad de la administración pública frente a una descarbonización más adelantada de lo que pide Europa, algo que los empresarios ven con malos ojos porque les obliga a implementar las medidas de manera precipitada, pero sobre todo porque ya quedan 17 años para ese objetivo y los tiempos administrativos son un hándicap.
“Nosotros pensamos que esta ley ancla más en la parte medioambientalista y que a lo mejor le ha faltado un cierto grado de profundización en los problemas que puede generar. Tal vez vamos demasiado rápido, sin valorar las consecuencias que va a tener a corto plazo la implantación de esta manera de una ley medioambiental que se adelanta a España y a Europa”, ha destacado Alfonso.
En la misma línea de tiempos apresurados y de mecanismos que todavía no se han puesto en marcha se expresó durante la jornada el catedrático de análisis económico Francisco Javier Ramos Real quien afeó al actual Gobierno de Canarias que se han puesto unos objetivos de descarbonización para 2040 sin tener en cuenta las singularidades ni los medios de la administración pública.
“No hay mecanismos de control para ver si el Plan de Transición Energética se va cumpliendo en tiempo y forma. Es lo que se denomina gobernanza energética. Yo no veo que haya un sistema diseñado desde el Gobierno, las instituciones, la participación de todos los agentes sociales, que esté diseñado para que esto tenga éxito, ya en el pasado la distinta planificación energética no se ha cumplido”, comentó durante la jornada.
Falta de mecanismos
Que la descarbonización es un hecho imparable es una realidad que durante la jornada se puso de manifiesto en varias ocasiones. La cuestión es el cómo. “Con el diseño normativo que tiene la ley los plazos difícilmente se van a cumplir, porque se utilizan herramientas antiguas para un objetivo completamente nuevo. Y ese diseño no ha pensado en qué administración tenemos”, comentó el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar.
Sobre esas herramientas antiguas se refiere a toda la serie de planes y estrategias que se deben crear todavía para que la ley empiece a tener efecto. En especial la puesta en marcha de la Agencia Canaria de Acción Climática, la que será el órgano ejecutivo para la acción climática y la encargada de elaborar las Estrategias de Acción Climática, y la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática, así como todos los mecanismos sobre los que se asienta la ley.
Necesidades energéticas
Por su parte, el profesor de la escuela técnica superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, Eladio Romero, ha comentado durante su intervención las tecnologías disponibles actualmente en Canarias para alcanzar la descarbonización que busca la ley. “Los problemas singulares que hay aquí hacen necesario un almacenamiento energético en tanto que por mucha energía renovable que se produzca, si no se puede almacenar una buena parte de esa energía se tiene que verter”, ha explicado.
Estas declaraciones prácticamente siguen una dirección similar a la que persiguen desde el Gobierno canario, desde el cuál también han expresado su apoyo a la construcción de sistemas de almacenamiento energético. Todo estaría enmarcado en el Plan de Transición Energética de Canarias, que para Romero sí que reconoce la problemática de Canarias, pero cuyo plan de acción “no corresponde con la realidad tecnológica de Canarias”.