La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias publicó este jueves una orden en la que prohíbe a la empresa Oca, Inspección, Control y Prevención contratar con el área que dirige Manuel Domínguez durante seis meses por no cumplir con un compromiso sellado en 2023. El objetivo del acuerdo era controlar la seguridad de varias instalaciones para comprobar que estaba todo bajo control.
El pacto entre la compañía y la administración se produjo bajo el marco del Plan de Inspecciones de Seguridad Industrial y Minera. La entidad tenía que desempeñar labores en cuatro lotes donde debía revisar grúas, frigoríficos o aparatos de protección contra incendios. Todo quedó formalizado el 6 de julio de 2022 por parte de la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla (ASG), cuando todavía dirigía el Archipiélago Ángel Víctor Torres (PSOE).
Cronología
El contrato se firmó el 1 de marzo de 2023, pero nueve meses más tarde, cuando estaba a punto de acabar el año, la Dirección General de Industria decidió resolver el contrato –ponerle fin– porque no realizó “de manera satisfactoria ninguna de las intervenciones asignadas”. La empresa no interpuso ningún recurso y el 29 de diciembre, su representante legal, presentó un escrito donde ofrece explicaciones sobre lo ocurrido.
Detalló que a finales de mayo hubo una escisión dentro del grupo empresarial para “salvaguardar la imparcialidad e independencia de la división de Organismo de Control”. Como consecuencia de la decisión por parte de la compañía, perdieron la solvencia técnica establecida en el pliego de cláusulas administrativas.
Justificación de la empresa
“Actualmente los inspectores asignados al contrato no se encuentran en la sociedad y el personal del que disponemos no cumple con los requisitos que presentamos en el momento de la licitación”, esgrimió el abogado. Lamentó los inconvenientes ocasionados, pero aseguró que se veían “en la obligación de renunciar voluntariamente” al acuerdo.
El 25 de marzo de 2024 se empezó el procedimiento para declarar la prohibición de contratar con la Consejería y en abril se pidió un borrador a la Viceconsejería de Servicios Jurídicos. El documento que se ha hecho público en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) apunta que este tipo de vetos están justificados siempre que el contrato se resolviera por incumplimiento culpable de la entidad –siempre que no haya pasado más de tres años desde que se terminara el acuerdo, pero no era el caso–.
"La máxima colaboración"
El texto indica que como no se realizó ningún abono a la contratista, el importe de la garantía definitiva, que asciende a 1.247,62 euros, debía ser ingresada por Oca, Inspección, Control y Prevención. La cantidad fue abonada por la empresa de forma voluntaria el 24 de noviembre de 2023, por lo que no fue necesario “iniciar el correspondiente procedimiento de apremio para el cobro”.
La Consejería de Economía constata que la compañía “ha mostrado la máxima colaboración con el órgano de contratación en los procedimientos de resolución del acuerdo y del contrato para el ejercicio 2023, con objeto de minimizar los perjuicios que se pudieran causar en el desarrollo del plan de inspecciones en el ejercicio 2024”. Por ello, determina que no existe “dolo o mala fe” por parte de la empresa.
Sobre las inspecciones asignadas a OCA Inspección, Control y Prevención mientras el acuerdo siga vigente, serán realizadas por la otra adjudicataria de los lotes afectados, “por lo que el daño causado al interés público se considera limitado”.