La empresa pública Asista, antiguamente denominada Grecasa, deberá gastar cerca de 500.000 euros para compensar a sus 134 trabajadores tras recortar parte de su sueldo. Desde el sindicato CSIF han denunciado que la empresa todavía no ha abonado parte de la cuantía que debe devolver a sus empleados por un recorte que los tribunales han declarado ilegal.
Tras resolver el conflicto por la vía judicial, la empresa deberá hacer frente a un coste cercano a los 500.000 euros referente al pago de intereses, costas y sobrecostes asociados a los procedimientos judiciales iniciados por los empleados. Una cifra que desde el sindicato denuncian que se podía haber evitado si ambas parte hubieran negociado.
Los costes de la lucha
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la que ha podido tener acceso Atlántico Hoy, eleva hasta los 800 euros los costes relativos a un recurso de suplicación de la empresa, que en una primera instancia había sido condenada a abonar más de 6.000 euros y el 10% en intereses de demora a una empleada que sufrió este recorte durante tres años, después de la sentencia del TC.
Según explican desde el sindicato, la empresa sí ha abonado las cantidades recogidas en los diferentes fallos debido a que para poder recurrir las sentencias “tuvo que consignar ese dinero”. Finalmente todos los juzgados fallaron de manera favorable a los empleados, pero estos han cobrado de manera desigual por culpa del funcionamiento de cada uno de los juzgados.
Las otras demandas
Sin embargo, este pago se refiere solo a la primera demanda. Según CSIF, la por entonces denominada Gestión Recaudatoria de Canarias S.A., se ha hecho cargo de los costes recogidos en los fallos, pero ha mantenido el recorte. “Hemos tenido que volver a reclamar otras cuantías de otros meses por el mismo concepto, que la empresa todavía no había regularizado”, denuncian.
Desde el sindicato han afeado en un comunicado al Gobierno de Canarias y en especial a la Consejería de Hacienda, que participa en el 100% de sus acciones, por el silencio que mantienen tras hacerles llegar un escrito presentado por los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Este medio también ha preguntado a la consejería al respecto sin obtener una respuesta.
Un recorte ilegal
En 2010 el gobierno de socialista de José Luis Rodríguez Zapatero anunció un recorte del 5% del sueldo de los funcionarios para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica de 2008. Cuatro años después el Tribunal Constitucional declaró nula esta medida, sin embargo, la empresa pública Grecasa mantuvo ese descuento cinco años después, hasta 2019, cuando los trabajadores fueron a la huelga para reclamar el cese de este recorte.
En ese momento, explican desde el sindicato, tras un mes de paro, el Gobierno de Canarias dejó de aplicar el recorte, sin embargo, lo mantuvo en el complemento salarial de trienio, el relativo a la antigüedad. Esto se produjo porque la Dirección General de Planificación de Presupuesto del Gobierno de Canarias consideraba que los trabajadores de las empresas públicas no podían cobrar un complemento de trienio superior al que corresponde a uno de la administración general de la Comunidad autónoma, añade.
Pero había una salvedad. El recorte se debía mantener siempre que ese trabajador no ganara el mismo sueldo que lo que gana un director general del Gobierno de Canarias. “No cobramos lo que cobra un director general ni tampoco cobramos lo que un A1 de la administración general de la comunidad autónoma”, aseguran.
Primero, un acuerdo
El reclamo que hacen ahora desde el sindicato es que si en un primer momento la empresa y los trabajadores hubieran llegado a un acuerdo, la empresa ahora no tendría que hacer frente a los costes relativos a los juicios y a la compensación por los recortes. “Ello ha hecho que lo que la empresa debe abonar por el pago correcto del complemento salarial de trienios sea una cantidad enormemente superior a la que se podía haber hecho frente en un principio”, denuncia Hernández.
En un comunicado desde el CSIF reclaman que pese a las “insistentes solicitudes de explicación sobre la forma de proceder con los trabajadores y de las reiteradas advertencias sobre el coste adicional que supone las condenas en costas” la empresa usa “el silencio por respuesta”. Además abre la puerta a una posible movilización: se anuncia que se tomarán las medidas oportunas para poner los hechos en conocimiento de la Administración pública competente.