Todos los grupos parlamentarios han apoyado el informe del
Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con la inclusión en ponencia de novedades: se deberá
actualizar el registro de demandantes para adecuarlo al impacto de la covid y
el Gobierno podrá adquirir para su conclusión promociones que quedaron inacabadas tras la crisis de 2008.Estas son parte de las enmiendas que han presentado los grupos durante el debate en ponencia del plan, que este jueves ha quedado listo para su discusión en un próximo pleno del Parlamento regional y en el que todos han alabado
el consenso alcanzado en su trámite.El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025
cuenta con un presupuesto de 664 millones de euros con el objetivo de:
- Edificar unas 5.900 viviendas protegidas, en su mayor parte de alquiler
- Realizar en su conjunto más de 88.000 actuaciones que podrían generar unos 28.000 empleos en el archipiélago.
Por el grupo Socialista el diputado Jorge González señaló que en un momento de tanto ruido político
se ha producido un ejercicio de responsabilidad para conseguir que la política sea una herramienta para arreglar los problemas de los ciudadanos.
Trabajo intenso
El Plan se encuentra al final de un trabajo intenso pero ahora
queda "un pasito más, que es el complicado", dijo Jorge González, y es su gestión por parte del Gobierno, que debe ser "rápida, eficiente y eficaz" y que debe concertar con cabildos y ayuntamientos la disponibilidad de suelos o de lo contrario, será imposible de ejecutar.También se refirió Jorge González a que
la cifra actual estimada de 17.000 demandantes de vivienda en Canarias se va a incrementar como consecuencia de la pandemia, sobre lo que el diputado del grupo Popular Manuel Domínguez se congratuló de que se haya incorporado su propuesta para actualizar la lista de solicitantes "a la real".Y para ello además será necesario
"fajarse con una campaña de comunicación importante", continuó Manuel Domínguez, quien afirmó que el PP ha tendido la mano a un buen documento, real y alcanzable con tres tiempos, el primero de ellos, a corto plazo, el de facilitar el acceso a una vivienda digna a aquellas familias que lo están pasando mal.A medio plazo se marcan dos objetivos,
el de reactivar la economía a través de la construcción y el de poner lo que se vaya finalizando a disposición de los demandantes, y a largo plazo y con menos urgencia se establece la posibilidad de
terrenos para edificar obra nueva, concretó Domínguez.