El Cabildo de El Hierro aprobó el pasado 6 de marzo en sesión plenaria la declaración de interés insular del instrumento de ordenación singular turístico de Punta Márquez, realizando un cambio de uso de suelo rústico y reconversión turística en esta zona del municipio de La Frontera.
El fin es la creación de un proyecto alojativo de 200 camas en la zona de El Matorral, junto a la zona de baño de La Maceta. El complejo incluirá un spa y un centro de congresos en una parcela que ocupa 64.719 metros cuadrados.
La oferta de camas estaría distribuida de manera pareja entre el establecimiento que se ubicará en lo que es conocido como el Monasterio (100 camas) y una serie de 30 villas que aportarán el resto de plazas.
El futuro hotel de cuatro estrellas supondrá la creación de 37 puestos fijos y 26 temporales.
Capital herrero
La iniciativa, nacida gracias a las leyes del Suelo y de Islas Verdes impulsadas en la pasada legislatura, fue aprobada con los votos a favor de PSOE, que dirige la corporación, PP y CCa-AHI y el rechazo de Asamblea Herreña y IU-Podemos.
Según expresó la portavoz del PSOE, María Dolores Padrón, los informes técnico-jurídicos “avalan” el interés insular de una zona como el Monasterio que cuenta con licencia “desde 1988 para la edificación de grandes dimensiones para esa zona de El matorral”.
La socialista añadió que se trata de una iniciativa privada de herreños “preocupándose por el mejorar nuestra isla, sin querer generar ningún impacto”, con energías limpias y productos kilometro 0, “con un equipo técnico con muchos de ellos herreños sin intención de crear ningún impacto medioambiental”.
Aseguró a su vez que es algo que va en consonancia con “nuestra forma de concebir el turismo, armonizándose con el territorio, que trasciende La Frontera y tiene impacto en toda la isla.
Voces en contra
Para Amado Carballo, de Unidas Podemos, este “no es un proyecto que tenga encaje de interés supramunicipal”, puesto que a su entender los elementos estructurales que propone no justifican la declaración de bien de interés.
Aseguró que había un agravio comparativo y que por ello “vamos a tener problemas si permitimos esa segunda fase, porque la gente no puede desarrollar casas rurales pero ellos sí”.
También denunciaron esta utilización del suelo rústico de protección agraria para otros fines, el deterioro del entorno natural costero y la posibilidad de que prosperen futuras iniciativas similares en zonas como Tacorón o Nisdafe bajo el amparo de la Ley de las Islas Verdes.