El Gobierno de Canarias publicará a partir del próximo mes un conjunto de medidas de apoyo y de ayuda económica a empresas y autónomos “especialmente afectados” por la pandemia de COVID-19.El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha añadido este martes en rueda de prensa tras la última reunión del Consejo del año que el Ejecutivo tratará de detectar a los sectores y grupos más afectados para llegar a ellos con la “mayor prontitud” y "con facilidad''.“Este martes se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias una modificación del IGIC equivalente a la del IVA, y que significa una reducción de unos 5 millones de euros de los impuestos que tienen que pagar los autónomos o pequeños empresarios que cotizan a Hacienda por el sistema de módulos”, ha agregado Pérez.A esta reducción del IGIC se unirá este paquete de medidas económicas que el Ejecutivo quiere presentar a partir de enero sin “improvisaciones” y sin caer en un reparto "indiscriminado" de los fondos.
Fondos europeos
Pérez valora “evidentemente” la asignación a Canarias de una parte de los fondos europeos para la recuperación económica, que asciende a 630 millones de euros, que se incorporarán a los presupuestos autonómicos y que permitirán una mejora en la economía.Y ha celebrado este martes que el Gobierno de España haya accedido a estimar las solicitudes de prórroga y de adaptación a la nueva situación económica de los mecanismos del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario, y que tiene que ver con el plazo de materialización de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC).“Los servicios de Hacienda y de Economía han elaborado una estimación de la posible afección económica que esto puede significar, y sitúan por encima de los 500 millones de euros los que hubieran tenido que invertirse de una manera atropellada si esta prórroga no se acordaba”, ha subrayado.Además, el Ejecutivo ha aprobado mediante una modificación presupuestaria una financiación extra de 1,49 millones de euros para las dos universidades públicas, en apoyo a inversiones por la COVID-19 y para la compensación de precios públicos a las universidades, y de 2 millones para centros de Formación Profesional.
