La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de Empleo y las cámaras de comercio han modificado el convenio que regula la Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas, que en 2021 repartió 1.144 millones de euros ente el tejido empresarial del Archipiélago.
La consejería explica que el objetivo de la adenda, añadida a los convenios suscritos con las cámaras de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, Gran Canaria y Santa Cruz, es mejorar la coordinación y la gestión de las justificaciones de las subvenciones que se concedieron en 2021. Para eso se amplían y se definen mejor los trámites administrativos que realizan las cámaras. El convenio inicial no contemplaba la fase justificativa y la de auditoría. Además, la adenda añade también la gestión de documentación de reintegros.
"La experiencia acumulada de la gestión de los expedientes de ambas líneas, así como de las incidencias asociadas a los mismos (requerimiento, subsanación de deficiencias), aconseja la modificación de determinados aspectos relativos a la justificación de subvenciones y la reorganización de las tareas relativas a la “Comprobación de la documentación justificativa aportada por las personas y entidades beneficiarias”; añadiendo, además, una nueva tarea, consistente en la “Gestión de documentación de reintegros”, con el consiguiente ajuste en la compensación económica a percibir por la entidad cameral, debido a la complejidad en la gestión de la justificación de las ayudas concedidas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio", explica una de las resoluciones publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Canarias.
Canarias y Baleares fueron las únicas comunidades que consiguieron repartir todos los fondos asignados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Uno de los motivos, explicó la consejera Elena Máñez en Atlántico Hoy, fue la inclusión en el proceso de las cámaras de comercio, que se encargaron de verificar las solicitudes, comprobar que se cumplían los requisitos y resolver dudas, en apoyo a la Dirección General de Promoción Económica.
A finales del año pasado, el Gobierno modificó las ayudas por valor de 67 millones de euros. Once empresas y autónomos vieron aumentada la cuantía que ya habían recibido y otras 56 accedieron a la subvención tras haber sido excluidas en primera instancia.