La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), 24 horas después de que se presentara el anteproyecto de ley para regular esta actividad, ha mostrado su "frontal rechazo" asegurando que con este, las viviendas vacacionales "quedan heridas de muerte". Según la asociación de propietarios esta ley "es un refrito de las medidas más limitativas que se han dictado en España y el resto de la Unión Europea" y defienden que el Gobierno de Canarias quiere prohibir la creación de nuevas y eliminar las que ya están ejerciendo la actividad "legalmente".
Sin embargo, uno de los puntos más importantes es que la norma no busca erradicar los pisos vacacionales. De hecho, el texto asume que el mundo está inmerso en un “crecimiento imparable del uso turístico de las viviendas”. Lo que pretende es ordenar y equilibrar con la sostenibilidad siempre por bandera. Y es que los pisos destinados al alojamiento de visitantes extranjeros o nacionales ocupan el 36% de la oferta alojativa de las Islas con 54.282 inmuebles –unas cifras que hacían urgente controlar el aumento–. "Esto choca con el número de viviendas que hemos puesto a mano de todos los canarios para que puedan vivir tal y como establecen las distintas normativas y la propia Constitución", expuso la consejera de Turismo, Jéssica de León, en la presentación de dicho anteproyecto, "y es el derecho de todos los canarios a disfrutar de una vivienda asequible y digna". La consejera también hizo alusión al hecho de que en 2022 tan solo se construyeron 2.782 viviendas en las Islas.
¿Moratoria?
Pero Ascav no se baja del carro, "el anteproyecto es una auténtica moratoria a las viviendas vacacionales en Canarias pues, a partir de la entrada en vigor de la norma, no se van a admitir más altas de viviendas vacacionales salvo que expresamente el planeamiento municipal las autorice", apuntan. "En la actualidad, prácticamente ninguno de los 88 municipios de Canarias tiene su planeamiento adaptado para prever esta actividad, por lo que quedarán prohibidas en todos ellos".
Es cierto que, hasta que los ayuntamientos canarios no adapten sus planeamientos a esta actividad económica, no podrán darse de alta más viviendas vacacionales en Canarias. Pero, una vez entre en vigor la ley –la previsión es que sea a principios de 2025–, los consistorios tendrán cinco años para publicar planeamientos urbanísticos que determinen hasta dónde se puede llegar. Durante esos cinco años, las viviendas que ya existen podrán seguir realizando su actividad. Durante este tiempo, los caseros tendránque adaptarse a las disposiciones que marca la ley y además, el anteproyecto recoge la posibilidad de que los cinco años de vigencia se transformen en 20 –para conocer más sobre este tema, Atlántico Hoy ya ha analizado exhaustivamente el documento–.
Requisitos
Los dueños de alquileres vacacionales tendrán 10 años para adaptarse íntegramente a todos los requisitos que exige la norma. "Aquí es donde se le dará la puntilla a las que consigan sobrevivir: fuera las viviendas en edificios plurifamiliares –estudios, pisos, apartamentos y las unidades de menos de 44 metros cuadrados para 2 personas, menos de 250 metros cuadrados en un edificio destinado a vivienda vacacional y otras actividades, etc–; fuera las viviendas en asentamientos agrícolas, fuera las viviendas que están en situación de fuera de ordenación; fuera todas las viviendas unifamiliares adosadas –solo se permiten las que estén absolutamente aisladas de sus colindantes–, imposibilidad de dedicar nuevas construcciones a este fin –se le exige una antigüedad mínima de 10 años– y fuera las viviendas que oferten más de 8 plazas", critica Ascav.
"Es una auténtica expropiación forzosa encubierta de nuestras propiedades porque priva prácticamente de contenido al derecho de propiedad y al derecho a la libertad de empresa", continúa el escrito de la asociación. No obstante, la realidad es que la ley lo que pretende –y que tanto la consejera de Turismo como el director general de Ordenación Turística lo defendieron durante la presentación– es que el libre albedrío de los propietarios y del mercado no pueda hacerse con la mayor parte de la oferta y que por eso el articulo 4 de la ley dice que el 90% de la oferta de los municipios sea de alquiler residencial –excepto en La Palma, La Gomera y El Hierro a los que le dan el margen del 80% por no tener tanta masificación turística–.
La ley para regular la vivienda vacacional, según Ascav, "no va a solucionar el problema de la escasez de vivienda y encarecimiento del precio del alquiler. La solución es otra: promover más vivienda pública, incentivar la construcción de vivienda privada a precios asequibles, establecer un marco jurídico seguro y fiable para que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado del alquiler de larga duración garantizando incluso por el propio Gobierno el pago de las rentas para que las familias más necesitadas accedan en igualdad de condiciones y no se queden fuera por sus bajos ingresos", concluye.